El Ministerio Público de la Defensa realizó un informe sobre quiénes fueron las principales víctimas de la violencia institucional en la Ciudad durante el 2019. Según el mismo los niños menores de 17 años son quienes más sufren el abuso policial.

El informe realizado por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional presenta los casos ingresados en las distintas dependencias del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad durante el período que abarca de enero a diciembre del 2019. Durante el mismo se registraron un total de 1210 denuncias de hechos de violencia institucional.

De acuerdo a lo manifestado por las víctimas que expresaron haber sufrido algún tipo de violencia institucional o más de una: en el 49.1% de los casos (906) se denunciaron irregularidades procesales, en el 42.6% violencia física (786 eventos) y en el 8.3% violencia psicológica (153 casos).

El informe muestra que 1051 personas fueron imputadas penalmente por un total de 1352 figuras penales. Las figuras más utilizadas corresponden a las de Atentado y Resistencia a la Autoridad, con 712 casos (68,22%), seguido por la aparición de aquellas imputaciones vinculadas con la tenencia de estupefacientes, 272 casos (25.88%). Al igual que en 2018, estos siguen siendo los delitos más imputados a las personas que denuncian violencia institucional.

En el caso de la figura de Atentado o Resistencia a la Autoridad, la continuidad de su volumen lleva a la conclusión general de que o bien las fuerzas de seguridad responden a este tipo de delitos con violencia desproporcionada, o que, al mismo tiempo, son las figuras utilizadas para detener arbitrariamente a los sujetos que la policía identifique previamente como “peligrosos” a través de un mecanismo de selectividad.

El informe también muestra que sobre los delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes en particular, sobre un total de 272 casos, las imputaciones recayeron, principalmente, en la tenencia simple, figura prevista en el art. 14.1, ley 23.737, en el 54.04% de los casos, mientras que la comercialización, establecida en el art. 5.c, ley 23.737, representó el 43.38%. La tenencia simple para consumo personal presenta un número marginal sobre el total de los casos, apenas el 2.57% (7 casos), aunque este grupo puede estar subrepresentado.

En relación a las imputaciones por contravenciones, se registró violencia institucional en 114 casos.

El 57,89% del total, más de la mitad de los casos, estuvieron vinculados con la utilización del espacio público, en particular con las recientes incorporaciones que penalizan trabajos informales como trapitos o limpiavidrios. La tendencia observada para el primer semestre de 2019 se mantuvo, ya que la gestión del espacio público fue la principal figura utilizada para justificar el inicio de los procesos judiciales.

Con respecto a la actividad económica a la que se dedican las personas que manifestaron sufrir violencia institucional, el 5.51% son económicamente inactivas, la gran mayoría desempeñan tareas informales (49.53%) o de subsistencia (42.9%).

Además, la mayor concentración de casos, tanto de imputaciones formuladas por delitos contra la seguridad pública, como por contravenciones focalizadas en la utilización del espacio público, afectan mayormente a dos sectores concretos de la Ciudad: Balvanera y Flores, especialmente en las cercanías de Plaza Miserere y la estación de ferrocarril “Once de Septiembre”, así como en las inmediaciones del distrito comercial emplazado en la Avenida Avellaneda del barrio Flores.

Por otro lado, el informe da cuenta que la situación habitacional también es un componente relevante para observar las condiciones socioeconómicas de las personas afectadas. Del total de datos recabados, pudimos encontrar que el 23.92% (259 casos) se encontraba en situación de vulnerabilidad, mientras que el 11.91% (129 casos) estaba en situación de calle.

El cruzamiento de las variables que abordamos muestra, en principio, que existe una relación entre las personas que poseen niveles de informalidad laboral y problemas habitacionales con la posibilidad de sufrir hechos de violencia institucional. Esta asociación –aunque prematura y que debería ser explorada con mayor detenimiento- indica que, a mayor vulnerabilidad social y precariedad laboral, más posibilidades de sufrir situaciones de violencia institucional.

De acuerdo a los registros del MPD que aparecen en el informe, de los casos de violencia institucional registrados donde se pudo consignar la fuerza de seguridad que intervino, el 88.73% (1008 casos) correspondió a las distintas comisarías comunales y dependencias de la Policía de la Ciudad, mientras que el 11.27% (128 casos) restante correspondió a las fuerzas federales que cumplen funciones dentro de la ciudad de Buenos Aires, principalmente a la Gendarmería Nacional, siendo que la unidad de prevención barrial ubicada en el barrio 1-11-14 es la que presenta los mayores registros (36.72%; 47 casos).

El informe 2019 incluye un apartado que refiere a la información relevada por la La Secretaría de Intervención Penal Juvenil (SIPJ) del MPD, que consiste en un equipo interdisciplinario y especializado en niños, niñas y adolescentes (NNyA) que procura identificar las violencias institucionales sufridas por NNyA al momento de la detención y que trabaja coordinadamente con la Secretaría de Violencia Institucional.

Durante el 2019, la SIPJ realizó 107 intervenciones. En 45 de las entrevistas realizadas por el equipo, es decir el 47,7% del total, las entrevistadas y entrevistados manifestaron haber sufrido violencia institucional al momento de la detención.

El subgrupo más afectado por el accionar de las fuerzas de seguridad al momento de la detención, es el de los varones de 17 años (41,13% del total de detenciones asistidas por la SIPJ), seguida por los de 16 años (23,6%). La suma de ambos segmentos, representan el 64,49% de los detenidos.

Respecto de las comunas que registran el mayor número de casos de violencia institucional, en el primer lugar se encuentra la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), con un total de 16 casos sobre 30 intervenciones, de los cuales 12 casos se concentran en la zona del barrio 1 11 14, con intervención de la Gendarmería Nacional. Le sigue en cantidad de casos la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) que registró violencia en 7 de los 10 casos en los que intervino la Policía de la Ciudad.

La violencia institucional relatada por los niños niñas y adolescentes y/u observada por los profesionales del equipo interdisciplinario va desde gritos, insultos y trato humillante hasta marcas de las esposas en las muñecas, patadas empujones y golpes contra el suelo o la pared. En muchos casos se evidencia la naturalización de los niños al trato violento de las fuerzas de seguridad.