Por Gabriel Fuks

Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad

El pasado 2 de noviembre la Legislatura porteña votó la prórroga por un año de la gestión operativa a la empresa Metrovías SA del Grupo Roggio y la habilitación a nuevo llamado a licitación pública nacional e internacional.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad tiene la herramienta para otorgar a un grupo extranjero la concesión por 12 años y una prórroga de 3.

Lamentablemente el debate alrededor del tema nunca tuvo el nivel de profundidad que merecía.

Desde la oposición, entendíamos que la Ciudad al contar con el marco legal necesario -la existencia de SBASE y la ley 4472 y el antecedente positivo de la administración estatal previa a su privatización- podía poner en el centro del debate la gestión estatal del servicio, quizás una oportunidad para revertir la decadencia de un medio de transporte con semejante impacto social, económico y cultural.

Cifras contundentes lo dicen todo. Ya hace dos años un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) advertía que de 2003 a 2013 existía un aumento de autos, que representaba un 60% del total de viajes metropolitanos. También, una marcada tendencia hacia el uso del colectivo -80% de los usuarios de transporte público-. Ambos fenómenos no generaron un equilibrio entre los distintos medios de transporte, ni desalentaron el uso del vehículo.

Según el Laboratorio de Políticas Públicas, en 2011 viajaron 309.807.651 pasajeros, mientras que en 2016 viajaron 314.418.637. Si bien se percibe el aumento, el subte transportó un 10% menos de pasajeros, teniendo en cuenta que las 8 estaciones nuevas inauguradas, que representan una ampliación de 6 km, no lograron ganar más usuarios.

Esta tendencia no se explica sólo con la implementación del Metrobus. Por una parte, la tarifa creció en casi 600% en cuatro años por falta de rigor y seriedad estatal a la hora de medir costos, por lo que muchos prefirieron la opción más favorable para su bolsillo. Y por otra, las deficiencias del servicio, hicieron su aporte. Así lo graficaron el día del debate legislativo, un grupo de jóvenes con su disfraz de sardinas.

Asimismo, se suma que en la actualidad, el Gobierno de la Ciudad se encarga de costear las obras realizadas y le otorga a Metrovías subsidios a la operación.

Por estos ejes enumerados, seguiremos insistiendo en la necesidad de un subte que funcione y esté interconectado, que apoye el desarrollo económico y la inclusión social. Para lograr este objetivo, debemos contar con un Estado capaz de asumir ese rol, que claramente el oficialismo se negó a tomar.