Tras el Amicus Curiae presentado en el juicio entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires por la desviación de agua que causaron inundaciones, se realizó este miércoles una nueva audiencia ante la Corte Suprema.

Este miércoles, se realizó una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en el juicio entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe por la desviación de aguas que causaron inundaciones, tras el Amicus Curiae presentado por las diputadas nacionales electas, Elisa Carrió (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Lucila Lehmann (Santa Fe).

"Este Amicus Curiae que presentamos no es contra la provincia de Santa Fe, solo intenta echar luz sobre la inacción de los gobiernos que en los últimos años no han realizado obra alguna para contener la situación, lo que provocó no sólo el crecimiento descontrolado de la laguna La Picasa, sino el consiguiente quebranto para gran cantidad de productores”, dijo Carrió. El escrito presentado por las legisladoras fue hecho en conjunto con los representantes de las entidades agropecuarias del sur de Santa Fe y de Rosario.

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contó con la presencia de todos los jueces que la integran, Ricardo Lorenzetti; Carlos Rosenkrantz; Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Ángel Borrello, miembro directivo de la Sociedad Rural de Rosario, que participó de la audiencia junto a Lehmann, afirmó en su intervención ante la Corte que "quiero poner en consideración de este tribunal la situación de la que venimos y en la que hoy nos encontramos quienes llevamos años o décadas viendo como esto se agrava sin que nada cambie. "Una lista de medidas desacertadas desde lo ambiental, lo técnico o del simple sentido común se fueron sucediendo a partir de la apertura de un canal, el Castellanos, al oeste de La Picasa que se convierte en el inicio y anuncio de todas las calamidades que vinieron después", añadió.

"Luego, se fueron agregando otros canales aguas arriba y de a poco, se creó artificialmente una cuenca donde antes no existía más que una laguna poco profunda, chica, que hasta casi desaparecía en los períodos secos. Santa Fé no tenía en esa época un Plan de Manejo Hídrico integral como tampoco lo tiene ahora. A pesar de las advertencias realizadas desde un amplio espectro de especialistas de trayectoria inobjetable tanto de nuestro país como extranjeros, sus funcionarios, por negligencia, desconocimiento o venalidad, consintieron el ingreso de caudales de agua crecientes a La Picasa tanto desde Buenos Aires como desde Córdoba", explicó Borrello.

"Hoy, con la laguna La Picasa desbordada, con 100 mil hectáreas  afectadas y enfrentados entre provincias ante el Supremo Tribunal, a los afectados se nos hace la promesa de construir una nueva estación de bombeo en Santa Fe, para repetir una vez más algo que no funcionó", continuó Borrello.

"Tenemos la esperanza de que, por mandato de este Máximo Tribunal y bajo el arbitraje de la Nación, se ponga en marcha con celeridad el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca La Picasa para enfrentar la crisis con la solvencia técnica y la honestidad en la ejecución de las obras que se requieran, cuya falta nos ha llevado a este estado de cosas, que por su magnitud exceden lo regional y tienen, de una manera u otra, impacto decisivo en toda la región central de la Argentina. Santa Fe debe realizar imperiosamente el Plan Hídrico del que carece, en sintonía con Córdoba y Buenos Aires, terminar con la improvisación y actuar en consecuencia", reclamó el representante de la SRA rosarina.

En el escrito presentado el pasado miércoles 1° de noviembre, Carrió y Lehmann señalan la responsabilidad de la Provincia de Santa Fe y de sus funcionarios por no haber realizado el Plan Director de los Recursos Hídricos y agregan que no hay siquiera proyectos de las obras a ejecutar, lo que demuestra que esa provincia es la responsable de la situación de catástrofe actual dentro de su territorio y parte del norte de la provincia de Buenos Aires.

El Amicus Curiae presentado por las legisladoras electas de la Coalición Cívica ARI fue hecho ante el Máximo Tribunal, debido a que se trata de un juicio de los que se denominan "de competencias originaria de la Corte Suprema" por tratarse de un conflicto entre dos provincias.