Carrió insiste con la igualdad

Carrió insiste con la igualdad

Alejandra Lazo

09 Marzo 2018

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La diputada nacional, Elisa Carrió, presentó nuevamente un proyecto de ley de su autoría elaborado en 1996, en el que propone garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.


La iniciativa presentada nuevamente por la presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, brinda las precisiones para la puesta en práctica del reconocimiento a los derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato, establecido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75, inciso 22, que reconoce rango constitucional a la Convención sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

En su proyecto, presentado por primera vez hace 22 años, Elisa Carrió establece que “los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar para que las mujeres no sufran discriminación alguna por razón de su género, tanto en el ámbito público como en el privado, y a eliminar los obstáculos de hecho y de derecho para la igualdad real de derechos, oportunidades y trato”.

“El Estado garantizará la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres a través de políticas, planes, programas y servicios integrales en las esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, educativas, culturales, y de cualquier otra índole”, agrega.

El artículo 4º de la iniciativa establece una serie de circunstancias que incurrirían en la discriminación de las mujeres, como los casos de leyes, pronunciamientos judiciales, decretos, reglamentos, resoluciones, actos administrativos que impliquen distinciones, restricciones o exclusiones que de alguna manera alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres.

“En los casos en que una mujer o un grupo de mujeres sufra algún tipo de discriminación basada en su pertenencia al género femenino o alguna restricción, alteración o anulación de sus derechos, los poderes del Estado deberán garantizar los derechos o libertades conculcados y dispondrán, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la discriminación y el pago de una justa indemnización”, señala Carrió en su iniciativa.

“Los poderes e instituciones del Estado impartirán enseñanza y capacitación sobre derechos humanos que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el género a los funcionarios públicos incluidos, entre otros, los funcionarios y personal judicial, el personal policial y militar, los funcionarios penitenciarios, el personal médico y de salud; además se emprenderán campañas públicas acerca de la igualdad de mujeres y varones en la vida pública y privada, incluidos sus derechos dentro de la familia”, añade el proyecto.

“El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres; intensificarán la cooperación y las medidas concertadas de todas las autoridades e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de traficantes; y asignarán recursos suficientes a la implementación de programas amplios encaminados a rehabilitar a las víctimas de la trata de mujeres, entre ellos los de formación profesional, asistencia letrada y atención de salud confidencial”, propone Carrió.

En cuanto al lugar de las mujeres en los medios de comunicación, la iniciativa estipula que “el Estado adoptará las medidas para sensibilizar y concientizar a la opinión pública en las especificidades de la problemática femenina; para eliminar las imágenes sexistas y revalorizar a la mujer en todos los niveles; implementar campañas de sensibilización de niños y jóvenes para que promuevan y vigilen los cambios de actitud con respecto a las mujeres en todos los niveles de la sociedad, particularmente en relación con la necesidad de promover en el conjunto de la sociedad un cambio hacia relaciones más igualitarias y un reparto más equilibrado de las responsabilidades en el ámbito de lo público y de lo privado”.

En cuanto al ámbito de lo laboral, Carrió plantea en su proyecto de 1996 que vuelve a presentar y que contó con las firmas de las entonces diputadas nacionales, Margarita Stolbizer y Nilda Garré; y de los legisladores, Mario Negri y Alfredo Bravo, que “adoptarán todas las medidas necesarias para incorporar la dimensión de género en los programas de trabajo y equilibrar cualitativamente y cuantitativamente la participación de las mujeres en el ámbito laboral, eliminar toda forma de discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, ascensos, condiciones de trabajo y la igual remuneración por tareas de igual valor”.

Además, el proyecto establece tres organismos de protección de los derechos y libertades de las mujeres y del cumplimiento de lo dispuesto por esta legislación igualitaria: la Comisión Bicameral Permanente para la Igualdad de Derechos, Oportunidades y de Trato de las Mujeres; y la Defensoría de los Derechos de las Mujeres.

En sus fundamentos, el proyecto presentado hoy por Carrió concluye: “El presente proyecto de ley de igualdad real de oportunidades y de trato de las mujeres propone un programa dirigido a garantizar las condiciones necesarias para los avances de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y a eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en la vida pública y privada, en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. También establece el principio de que mujeres y varones deben compartir el poder y las respon- sabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional. Se basa en la premisa de que la igualdad entre mujeres y varones es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social y el desarrollo”.

Los poderes e instituciones del Estado, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente proyecto de ley, deberán ejecutar una política de coordinación horizontal, destinada a crear una estructura de base para el desarrollo de políticas públicas que integren a las mujeres y asumir los desafíos de garantizar los derechos, oportunidades y de trato de las mujeres. El respeto y la valorización de las diferencias y la participación de las mujeres como protagonistas activas en todos los ámbitos de la vida publica y privada deberán tronarse, en un principio de convivencia sin el cual el desarrollo de nuestra sociedad y el respeto de los derechos humanos serán un ideal ilusorio.

 

 

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