Populismos: Entre la lucha civil y la reforma constitucional

Populismos: Entre la lucha civil y la reforma constitucional

04 Mayo 2019

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Por Claudio Romero


Ex miembro del Parlasur
Legislador porteño por Vamos Juntos


Los regímenes populistas, sean de derecha o izquierda, amenazan gravemente a las democracias vulnerando con persistencia y lentamente los mecanismos de tolerancia mutua, modificando a conveniencia las instituciones, desarticulando los sistemas de partidos políticos y creando grietas en la sociedad.

La muestra más evidente es la actitud diabólica de la dictadura de Nicolás Maduro, de instar ahora a sus seguidores a entrar en una “lucha civil armada” con la excusa de frenar presuntos golpes de estado que son, en realidad, reclamos legítimos de un pueblo devastado y sometido por la fuerza.

La base de la distorsión democrática en Venezuela estuvo en la frustrada reforma constitucional del fallecido Hugo Chávez, idea reflotada que prendió aquí en Argentina con el objetivo de encorsetar al Poder Judicial por parte de juristas kirchneristas quienes, abierta o embozadamente, pretenden llevarla a cabo en la supuesta circunstancia de retornar al poder.

Los pocos reductos izquierdistas en el mundo están alentados por el régimen ruso de Vladimir Putin, en esfuerzos deliberados por sostener una ideología que cayó junto con el Muro de Berlín en 1989. Esta combinación trasnochada de la Guerra Fría se refleja en expresiones partidarias expuestas a rotundos fracasos electorales en el último tiempo.

Aquí, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner exhibió en el Senado de la Nación la ambición de modificar la Constitución nacional, derribando los pilares de la reforma de 1994 como si ella misma no hubiera participado en ese importante evento realizado después de 45 años de la última.

Pero los objetivos del kirchnerismo, que primero divulgaron ese anhelo de reforma en enero de este año y luego lo negaron por conveniencia política, apuntan a consolidar un “gobierno popular” con el poder político acomodado a sus objetivos partidarios y no los del pueblo argentino. Es decir, con una “constitución popular” que rija un “sistema político popular”.

Cristina Fernández dejó claramente expresado en la VIII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales/Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico en noviembre del año pasado la idea de establecer “nuevas arquitecturas institucionales” en remplazo de las que actualmente rigen pues, a su juicio, “esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental data de 1789” y la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es “de la época de la Revolución Francesa”.

En su enfoque la ex presidenta considera que el 70 u 80 por ciento del poder político “está afuera” del sistema institucional, “en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están reguladas en ninguna Constitución ni en ninguna ley. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura del poder”.

Queda clara la intencionalidad de destruir la democracia argentina en el sentido de atentar contra las libertades civiles, concentrar el poder en entidades afines a su poder, sofrenar los efectos de la custodia democrática que ejerce el periodismo y los medios de comunicación frente al poder político electo por la ciudadanía argentina.

La excusa de recurrir a un sistema parlamentario que redima un defecto constitucional carece, en este caso, de honestas intenciones y responde más a una descontrolada ambición de poder que de un notorio beneficio para el pueblo argentino.

El ejemplo de Maduro trae la cruda realidad de un avance desproporcionado sobre la institucionalidad y la Constitución, promovido por la indiferencia hacia las decisiones y preferencias del pueblo de Venezuela. Si no se logra con la consulta popular se obtendrá por la violencia.

La vulnerabilidad de las democracias parece un concepto abstracto. La única forma de visualizar este conflicto es poner el foco sobre los líderes y personas responsables que encarnan el autoritarismo y la violencia. Es importante admitir que llevan dentro de sí el germen de la devastación.

La autocracia es una nueva forma de dominación pero con “formato democrático. Cuando están en el poder los demagogos extremos usan la democracia y manipulan los procesos electorales mientras despojan de contenido a la democracia. Sostienen una apariencia de legalidad, dejan funcionar los cuerpos legislativos y judiciales de forma amañada, sobornan o censuran a la prensa y crean, típicamente, los “enemigos mediáticos”. Organizan la figura del “enemigo externo” para fundamentar su asentamiento en el poder.

Así, en las primeras etapas la erosión de la democracia es imperceptible, y es necesario que así sea para el surgimiento de estos nuevos líderes populistas, disfrazados de progresistas. Requieren de la inhabilitación y el debilitamiento de los partidos políticos para cumplir sus planes y llegar al poder. Sobre todo, para mantenerse en él por tiempo indeterminado.

Nunca como ahora se avizora con más fuerza la defensa de las Constituciones Nacionales, pilares indiscutibles de toda democracia, hasta ahora el único sistema que sobrevive en el tiempo.

Los partidos políticos tienen en esta cuestión una enorme responsabilidad y es la de poner freno al crecimiento interno de personalidades autoritarias que desde los primeros peldaños se dan a conocer como reticentes a aceptar reglas democráticas, a negar la legitimidad de sus oponentes; son proclives a ejercer la violencia y conseguir sus objetivos mediante ella, están a favor de restringir las libertades civiles. Son antidemocráticos.

Pero, más allá de analizar las bondades de los sistemas presidenciales o parlamentarismo sin distorsionar sus esencias, es prioritario sostener a toda prueba los valores de la división de los tres poderes, y subrayar que el fortalecimiento de cada uno de ellos y muy especialmente el Judicial, es imprescindible para el funcionamiento armónico de la democracia.

 

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