Cuestionan cambios en discapacidad

El proyecto nacional de Presupuesto 2027 pretende eliminar o modificar artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambiar el esquema de aranceles, pensiones y cobertura de salud. El diputado nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría fragmentar las prestaciones y afectar derechos del sector.

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de modificaciones a la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, que generaron fuertes cuestionamientos de legisladores de la oposición. Entre los cambios propuestos aparecen modificaciones al sistema de aranceles, a las pensiones no contributivas y a la cobertura de salud.

Uno de los principales puntos de conflicto está en el nomenclador de prestaciones. La Ley de Emergencia establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas y actualizarse de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. También contempla estudios de costos para determinar aumentos de componentes que no sean reflejados por el IPC.

El proyecto de Presupuesto elimina el artículo 14 de la Ley 27.793 y, mediante el artículo 39, propone reemplazar el artículo 7° bis por una nueva redacción. Allí se establece que la universalidad del sistema no implicará la homogeneidad de los aranceles y que el nomenclador no incluirá valores universales.

La modificación implica que cada obra social, prepaga o el Estado pueda determinar los valores en su relación con los prestadores. Para el Estado nacional, el proyecto contempla una determinación trimestral de los aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El diputado nacional por la Ciudad Maximiliano Ferraro cuestionó especialmente este cambio. Según aseguró: "El Gobierno elimina el criterio de arancel único y reemplaza una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad".

Ferraro también apuntó contra la eliminación del mecanismo de actualización automática mediante el índice de movilidad jubilatoria. El diputado explicó que el nuevo esquema deja a los prestadores frente a negociaciones diferenciadas con cada entidad obligada, y cuestionó que solamente el Estado nacional tenga prevista una actualización trimestral.

El proyecto también modifica las condiciones de las pensiones no contributivas por discapacidad. La propuesta elimina la compatibilidad actualmente prevista con determinadas actividades laborales o tributarias, un cambio que la oposición considera especialmente relevante para las personas que tienen una pensión y, al mismo tiempo, desarrollan una actividad laboral registrada.

Además, el proyecto deroga el artículo 9° de la Ley 27.793, que impedía que las personas que ya cobran una pensión no contributiva pasaran de oficio al nuevo esquema de protección social sin conservar las garantías previstas en la norma vigente.

Otro de los artículos cuestionados es el artículo 5°, que modifica la definición de las personas con discapacidad prevista en la Ley 27.793. La norma vigente remite a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mientras que el proyecto propone derogar ese artículo.

También se propone eliminar el artículo 8 de la Ley de Emergencia, que garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.

Ferraro cuestionó el conjunto de modificaciones: "Se trata de una decisión que afecta a un sector que atraviesa una situación de emergencia. Las personas con discapacidad no pueden seguir siendo una de las variables de ajuste de Milei y Toto Caputo", afirmó.

El Diputado de la Coalición Cívica también calificó como "cruel" la decisión del Gobierno y sostuvo que la iniciativa busca eliminar artículos que, a su criterio, garantizan condiciones para una vida plena de las personas con discapacidad.

Los cambios quedaron incorporados al debate del Presupuesto 2027, en paralelo con la discusión parlamentaria sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad. La oposición busca extender la vigencia de la Ley 27.793, mientras el proyecto enviado por el Ejecutivo plantea modificar varios de sus artículos dentro de la ley de Presupuesto.