La Justicia de la Ciudad determinó que el Gobierno porteño sea quien esté a cargo de la seguridad de la movilización del día miércoles, a la que se sumará la Confederación General del Trabajo, como precedente al paro convocado para el día jueves. De esta forma, la Justicia apartó a la ministra nacional Patricia Bullrich del operativo.
El juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no esté a cargo del operativo policial de este miércoles, en la habitual marcha de los jubilados, sino que será llevado adelante por la Policía de la Ciudad.
Esta determinación se da luego de que varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaran amparos "para evitar la participación de fuerzas federales".
Por este motivo, se le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se "abstenga" de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, "en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad".
De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, dónde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados.
Por otra parte, se ordenó que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes" en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
A través del fallo, Gallardo aseguró que "no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales" de las personas que asistan a la marcha.
"El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, concluyó.
