La Ciudad paga, Nación recibe: el costo de cerrar Devoto

El acuerdo entre Nación y Ciudad para cerrar la cárcel de Devoto se apoya en una obra financiada con recursos porteños que será transferida al Estado nacional. La entrega del penal de Marcos Paz permite descomprimir comisarías y avanzar con un reclamo vecinal histórico, pero vuelve a exponer una discusión de fondo sobre responsabilidades y costos entre ambas jurisdicciones.

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento para concretar, durante el primer cuatrimestre de este año, la entrega de la nueva cárcel federal que se construye en Marcos Paz, una obra financiada por la Ciudad que será traspasada a la órbita nacional. El acuerdo permitirá avanzar luego con la desocupación y cierre de la cárcel de Villa Devoto, un reclamo histórico de los vecinos del barrio.

Según lo firmado, la Ciudad entregará a la Nación el complejo penitenciario ubicado en la localidad bonaerense de Marcos Paz, pese a que la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal recae sobre el Estado nacional. A cambio, el Gobierno porteño busca resolver una de sus principales dificultades operativas: la sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías y la permanencia de presos federales en Devoto.

Ambas jurisdicciones vienen trabajando en acciones conjuntas para ampliar la cantidad de plazas disponibles en el sistema penitenciario federal y aliviar la situación de las dependencias policiales de la Ciudad. En ese marco, la cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para alojar a 2.240 detenidos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad establecidos por la normativa nacional e internacional.

La entrega de ese establecimiento permitirá desocupar la cárcel de Villa Devoto, tal como lo establecen los convenios firmados entre Nación y Ciudad en marzo y agosto de 2018. Sin embargo, el esquema vuelve a poner en evidencia una asimetría estructural: la Ciudad asume el costo de una infraestructura federal para resolver un problema que excede sus competencias, sin que el acuerdo explicite compensaciones económicas o patrimoniales.

El entendimiento también contempla la posibilidad de ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

El acta fue suscripta por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri. El objetivo declarado es ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, reducir la cantidad de presos en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del sistema penitenciario federal.

Este martes, Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz.

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el jefe de Gobierno. Y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto y avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”.

Las obras, que estuvieron paralizadas durante cinco años, se reanudaron en diciembre de 2024 con la actual gestión porteña. El complejo contará con cuatro unidades, edificios administrativos, áreas de salud, salas de videoconferencia, espacios de visitas, gimnasio, sectores educativos y talleres de capacitación laboral, además de canchas de fútbol y huertas.

Mientras el acuerdo avanza como una solución operativa y urbana, queda abierto el debate de fondo: la Ciudad financia con recursos propios una cárcel federal que pasará a manos de la Nación, en un esquema que resuelve urgencias inmediatas pero vuelve a poner en discusión la distribución de responsabilidades y costos entre ambas jurisdicciones.