El Ministerio Público Fiscal en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control y la Policía de la Ciudad llevó adelante la clausura de una fábrica de tubos plásticos y una panadería por funcionar con habilitaciones apócrifas, además de numerosas irregularidades.

Dos inspecciones integrales ordenadas por la Fiscalía PCyF 24, a cargo del Dr. Rodrigo Pagano Mata, finalizaron con la clausura de una fábrica de tubos plásticos ubicada en la Avenida General Paz al 8900, en el barrio de Villa Real, y una panadería del barrio de Mataderos, por funcionar con habilitaciones apócrifas, además de numerosas irregularidades.

La causa se inició por denuncias de la Agencia Gubernamental de Control, presentadas por su Director, Matías Lanusse. Las mismas referían que en el marco de los procedimientos de fiscalización efectuados por el cuerpo inspectivo dependiente de dicha Agencia, se detectaron irregularidades en una fábrica de tuberías plásticas y en una panadería con relación a las Obleas que contienen el Código de Respuesta Rápida –QR- relativas a la habilitación, las cuales resultaron ser apócrifas y/o falsas.

Por tal motivo, el fiscal Pagano Mata dispuso la realización de inspecciones integrales en los establecimientos en cuestión. Los procedimientos fueron coordinados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y contaron con la participación de personal de la Policía de la Ciudad, de diversos organismos de la Agencia Gubernamental del Control y de la Dirección General de Protección al Trabajo del GCBA.

Durante la inspección en la fábrica de tubos se determinó que el local efectivamente se encontraba funcionando con documentación de habilitación apócrifa. Asimismo, se detectaron diversas irregularidades, como cables expuestos, falta de adecuación de tomas múltiples y necesidad de reemplazo de luces de tubo fluorescentes dentro de sala de grupo electrógeno por luces led.

En el caso de la panadería, también se verificó la existencia de una habilitación apócrifa y numerosas irregularidades

Ante tales hechos, se dispuso la clausura judicial de ambos establecimientos, y el secuestro de los certificados QR. Asimismo, se imputó a los responsables de los lugares por los delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación a la administración pública, según los artículos 292 y 174 del Código Penal.