Luego de una presentación judicial y cambio de Gobierno, la Ciudad aceptó implementar una serie de medidas inclusivas para facilitar la escolarización de niños con discapacidades. El amparo fue presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), conjuntamente con la UBA.

Soplan vientos de cambio en la Ciudad y no sólo para el orden en los espacios públicos que intenta implementar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sino también en lo que se refiere a la educación y la inclusión en materia de discapacidad.

Es por ello que luego de una acción de amparo iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),  conjuntamente con la UBA, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a “acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada”.

La solución acordada entre las partes, en el marco de un expediente iniciado en 2019, compromete a la administración local a “orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva”.

Además, establece disponer “canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación” de niños con discapacidad.

El acuerdo, homologado por el Poder Judicial, establece la obligación por parte del Gobierno porteño de “implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias”.

En ese contexto, el Gobierno porteño asumió la obligación de “difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento” y “producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas”.

El acuerdo es consecuencia de una acción de amparo que denunciaba “los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Ciudad”.

El Ministerio de Educación porteño “se comprometió mediante un acuerdo judicial a implementar una serie de medidas para poner fin a estas prácticas discriminatorias”, informó ACIJ.

La normativa vigente obliga al Estado a asegurar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual “las personas con discapacidad continúan siendo rechazadas en el ingreso a las escuelas comunes, lo que las obliga a asistir a otras escuelas lejanas a sus hogares o a escuela.