En el barrio de Once, la Policía de la Ciudad junto al Ministerio Público Fiscal, a la Agencia Gubernamental de Control y la Aduana secuestraron más de 2.300 termos potencialmente tóxicos para la salud. También, había mates metálicos por un valor aproximado a los 38 millones de pesos y se imputaron once personas, dueñas de los locales.

La Policía de la Ciudad, junto con personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y de Aduana secuestraron más de 2.300 termos potencialmente tóxicos para la salud que estaban a la venta en locales del barrio de Balvanera.

Los procedimientos fueron llevados adelante tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián y la Secretaría Única del Dr. Bomparola, que derivó en una inspección integral en distintos locales dedicados a la venta de productos importados, ubicados en Pasteur al 200 y al 300, Larrea al 300, Bartolomé Mitre al 2200, Azcuénaga al 100 y al 300 y Junín al 400.

En este sentido, de la División Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, junto con la CIJ, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), y la AGC encabezaron el operativo en el que se secuestraron 2.300 termos y mates metálicos por un valor aproximado a los 38 millones de pesos y se imputaron once personas, dueñas de los locales, por infracción a los artículos 201 y 289 del Código Penal Nacional.

La incautación se concretó luego de que se verificara que los termos eran potencialmente tóxicos y nocivos para la salud, principalmente por no ser aptos como contenedores de líquidos para consumo humano, debido a que no fueron fabricados con acero 304, tal como lo establecen las normativas vigentes.

A su vez, los procedimientos permitieron verificar que los termos se encontraban en infracción ya que no estaban realizados con el material autorizado por el Código Alimentario Argentino.

Por su parte, el personal de Aduana indicó que los elementos no poseían la correspondiente documentación respaldatoria, como así tampoco el correspondiente timbre fiscal adosado a los mismos.

Ante estas circunstancias, el fiscal Carlos Rolero Santurián imputó a los responsables de los locales por venta de productos tóxicos para la salud (art. 201 y 289 del Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan surgir), y dispuso el secuestro de todos los termos en infracción. Asimismo, se dispuso la clausura del comercio ubicado sobre la calle Pasteur, por no reunir las condiciones requeridas por los organismos públicos.