El Gobierno de la Nación presentará un nuevo proyecto de “Ley de Alquileres” para que haya "un equilibrio entre inquilinos y propietarios”. La iniciativa busca que no se perjudique a ninguna de las partes y destaca que fue trabajado entre los distintos actores.

El Gobierno Nacional anunció que presentará un Proyecto de Ley de Alquileres para que haya "un equilibrio entre inquilinos y propietarios" y en el que establece un plazo de dos años para los contratos, exceptúa al inquilino de pagos de honorarios por intermediación y acepta ajustes semestrales, entre otros ítems.

El proyecto busca que no se perjudique a ninguna de las partes y destaca que fue trabajado entre los distintos actores, informó el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

"Nuestro compromiso como Gobierno ha sido en todo momento escuchar y comprender los problemas de la gente. Por eso, luego de meses de trabajo junto a diferentes sectores como inquilinos, propietarios, desarrolladores, inmobiliarias, etc., y también con la participación de Legisladores Nacionales, estamos presentando este Proyecto", precisaron desde la cartera que preside Rogelio Frigerio.

"Queremos darle más facilidades a todas las personas que alquilan y más tranquilidad a los propietarios", indicaron.

Entre los puntos principales del proyecto se establece que: el alquiler tendrá una vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más, salvo que el propietario o el inquilino desistan; que el inquilino no abonará los honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de “perfeccionar o renovar un contrato”; y que el inquilino tendrá varias opciones de garantías como el Seguro de Caución, Aval Bancario, entre otros.

Además, establece que se podrán pautar ajustes semestrales; que las reparaciones del inmueble estarán a cargo del inquilino, así como el pago de las expensas ordinarias. En cambio, los gastos o las expensas extraordinarias que originen o deriven para cubrir problemas estructurales o de relevancia para la propiedad, estarán a cargo del propietario.

También que el propietario tendrá de 10 a 90 días para desalojar al inquilino en caso de incumplimiento, luego de haber mandado la intimación correspondiente.

"El Poder Ejecutivo Nacional, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizarán las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación gratuita o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa", indicó Interior en un comunicado y concluyó que "la Secretaría de Vivienda promoverá la creación de un programa de apoyo al acceso al alquiler formal".