Este martes se llevará a cabo una audiencia judicial con el fin de conformar una mesa de trabajo que dé solución a las deficiencias en las conexiones eléctricas que existen en la villa 21-24 de Barracas.

La Justicia porteña convocó para este martes a una audiencia con el fin de conformar una mesa de trabajo que dé solución a las deficiencias en las conexiones eléctricas que existen en la villa 21-24 de Barracas, la más populosa de la ciudad de Buenos Aires, en un proceso judicial que se inició hace ocho años, informaron fuentes judiciales.

El llamado fue realizado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en los Contenciosos y Administrativo y Tributario y a la cita deberán concurrir la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Junta Vecinal de la Villa 21/24, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Edesur y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano porteño.

La audiencia comenzará a las 12 hs en la sede judicial porteña, Hipólito Yrigoyen 932.

El proceso judicial iniciado por ACIJ y los habitantes de la Villa 21-24 arrancó en noviembre de 2010 y, a raíz de las diferentes instancias de apelación, concluyó en diciembre pasado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia para que el Poder Ejecutivo porteño presentara en 60 días un proyecto eléctrico adecuado para los habitantes de la villa.

La Villa 21-24 se encuentra al sur de la ciudad y ocupa 65 hectáreas. Allí residen más de 50.000 habitantes.

La maraña de cables que hay en los pasillos y calles de la villa y la necesidad de gestión y el mantenimiento vecinal de los postes y cableados en la vía pública, junto con la distribución eléctrica a cada vivienda, conformaron una situación de riesgo eléctrico en el lugar.

Cuando se conoció el fallo del TSJ, el Ministerio Público de la Defensa consideró que la sentencia “deja un antecedente fundamental sobre la obligación estatal de garantizar que se brinde un servicio eléctrico de calidad en las villas, equivalente al que se brinda en el resto de la ciudad”.

El 23 de agosto de 2012 una pericia judicial determinó que las condiciones del barrio no habían mejorado a pesar de la medida cautelar que obligaba al gobierno porteño a efectuar obras para disminuir el riesgo eléctrico.