Los representantes de la Auditoría General, la Procuración, la Sindicatura General y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad informaron a los legisladores sobre la gestión y los proyectos a realizar el próximo año. Se mostraron conformes con las partidas asignadas por el Ejecutivo.

Los titulares de la Auditoría General, la Procuración, la Sindicatura General y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad concurrieron este miércoles a la Legislatura porteña con el fin de exponer los lineamientos de la ejecución presupuestaria de este año y los previstos para la gestión 2018 en el marco de la ronda habitual de análisis por áreas del proyecto de ley general de recursos y gastos.

En representación de la Auditoría General (AGCBA), el auditor Hugo Vásques manifestó su conformidad con la partida asignada por el Ministerio de Hacienda de 739.994.764 pesos, la que consideró "similar a los años anteriores".

Tras la lectura de una nota enviada por la presidenta licenciada Cecilia Segura Rattagan en la que comunicó a la Comisión legislativa de Presupuesto su imposibilidad para concurrir y en presencia de los auditores Jorge Garayalde, Mariela Coletta, Raquel Herrero y Vicente Rodríguez, Vásques leyó una reseña en relación al presupuesto 2018 del organismo.

El funcionario destacó que “la suma asignada es en torno al promedio de 0.04% del presupuesto total, cuyo 87% se destina a personal para el cumplimiento de las metas”. Explicó “los avances en la despapelización que requiere el proceso de digitalización de expedientes y que se realiza por primera vez bajo las normas ISO 9001”.

Aludió “a la eficientización del área de recursos humanos, mediante becas de grado y post grado a los trabajadores, en universidades con especificidades en menor medida privadas y otras públicas”.

Vásques refirió también al concurso de personal, que no se realizaba desde el año 2010, para la cobertura de posiciones vacantes. Además, afirmó que “se enviaron notificaciones a quienes están en condiciones de jubilarse, de modo que estimamos serán 18 trabajadores a diciembre próximo, y similar cantidad se prevé para el 2018”.

La capacitación interna en el Instituto Superior de la Carrera, sin costo para casi 700 trabajadores; las paritarias e institutos de negociación creados por el estatuto del organismo, así como la concientización sobre preservación del ambiente en el trabajo, fueron otros de las aspectos abordados durante la exposición.

Concluyó comunicando que “la sede de calle Bartolomé Mitre 1247 quedó desafectada y se trabaja en la obtención de un nuevo edificio más adecuado”.

La AGCBA tiene la manda constitucional de controlar también a las empresas, sociedades o entes en los que la ciudad de Buenos Aires tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.

Procuración General

El titular del organismo de control que tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos y actuar en defensa del patrimonio de la Ciudad, Gabriel Astarloa, presentó ante los legisladores el proyecto presupuestario para el próximo año, que cuenta con un total de 786.333.100 pesos.

Como primera medida resaltó la apertura de concursos para los trabajadores y luego se refirió a ocho objetivos que resumen lo proyectado para el 2018: Seguimiento de juicios relevantes que tiene el Gobierno de la Ciudad; contribución que como abogados tienen que hacer para disminuir los costos por los que el gobierno es demandado; aumento de la recaudación, dinamizar los procedimientos y tratar de mejorar sus tiempos; control de plazos para dictaminar; bajar el plazo de trato de sumarios y reducir el stock; capacitación permanente y actualización necesaria de conocimientos; servicio jurídico gratuito para las personas que no tienen recursos y, como algo relevante, jerarquizar a la Procuración General como un un órgano de excelencia y referencia en abogacía.

Además comentó que la vieja sede está en obra para dejar de alquilar otros dos edificios y pasar a trabajar en uno solo y así reducir también costos de alquiler.

Sindicatura General

La Sindicatura General de la Ciudad estuvo representada por su titular Mónica Fredda. La funcionaria quien se presentó acompañada por la síndica General Adjunta, Silvia Venenatto; y los gerentes generales de Auditoría Jurisdicción I y II, Emilse Teyo y Sara Nicolini, respectivamente; así como de Comunas, Juan Carlos Valero y de Técnica, Administrativa y legal, Carlos Maza y la gerente de Relaciones institucionales, Valeria Maddaloni, recordó la misión, visión y objetivos estratégicos del organismo.

Entre los logros del 2017 mencionó que “por primera vez hubo recursos propios provenientes de la red federal, 103.100 pesos a fin de año”, también que “el manual de control interno se encuentra disponible y actualizado en el sitio web oficial", que "los informes emitidos cuentan con un resumen ejecutivo y por segundo año consecutivo se presentó el dictamen sobre la Cuenta de Inversión, en este caso sobre el 2016”.

Detalló que el área de recursos humanos cuenta con 46 agentes entre transitorios y permanentes y que éste año comenzó la certificación ISO 9001/2015. Además, aludió al fortalecimiento de las 25 unidades de auditoría interna -UAI-, la capacitación y eventos académicos de control interno. En este sentido destacó la creación de la Escuela de Auditores y la primera diplomatura en control interno y auditoria gubernamental integrada por 42 miembros ad honorem, así como la edición de la Revista de Auditores y la firma de cinco convenios de cooperación institucionales sin erogación presupuestaria.

Fredda explicó que el presupuesto 2018 es de 162.347.005 pesos, dedicándose el 79% a personal, 4% a contratos de locación, 12,1% a gastos proporcionales del edificio, 4,5% a bienes de uso, a adquisición de mobiliario 1% y el 3,5% se destina a asignación de fondos de caja chica, capacitación, mantenimiento de sistemas, útiles y seguros.

Los recursos humanos del organismo comprenden a 230 personas: 136 profesionales, 52 estudiantes y el resto administrativos; el 69% están asignados a auditorias. Actualmente hay 42 empleados de planta permanente con licencia por cargos de mayor jerarquia. Según el sexo: 133 mujeres y 97 hombres, 24 cargos son desempeñados por mujeres y 12 por hombres.

Las acciones para el año venidero incluyen 160 proyectos como meta física, esto es 15% más que en 2017. Adelantó que se intensificará la supervisión y coordinación en las 25 UAI y se continuará con los comités ministeriales de control interno, asesoramiento, formación y capacitación. Finalmente, recordó que se logrará la segunda promoción de la diplomatura especializada en administración pública y control de gestión, así como con el mejoramiento del sistema informático y la implementación del Sistema Integrado para Control de Proveedores -SICOP.

Defensoría del Pueblo de la Ciudad

“Por primera vez en la historia no hemos tenido que discutir con el Ejecutivo un incremento del presupuesto, sino que la propuesta que vino de su parte satisfacía, lo mismo que habíamos proyectado nosotros. Compartimos políticas comunes y conocidas para todos”, expresó el presidente de la institución, Alejandro Amor, en la apertura del encuentro. La partida asignada para el área es de 1.086.000.000 pesos, lo cual implica un incremento del 15% en comparación con el corriente año.

En cuanto a los proyectos para el año próximo, destacó como uno de los más importantes el proceso de digitalización del organismo: “El 30 de octubre empezó con las comunicaciones oficiales y se prevé que hasta el próximo 30 de marzo se avanzará con todo lo demás”. Otro de los significativos es el plan de retiro voluntario para trabajadores, el cual continúa con la misma lógica que otros organismos han aplicado y coordinado con el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

También se refirió al fondo compensador jubilatorio para los trabajadores, la evaluación anual del personal y el control de presentismo, el reglamento para los cargos de conducción, y la situación edilicia que mejoró notablemente al dejar de alquilar tres edificios para pasar a habitar uno solo, lo cual reduce ampliamente los montos que estaban pagando.

“La Defensoría decidió la incorporación de control por normalía de todos los procesos, tales como compras, licitaciones, dictámenes jurídicos y disposiciones, entre otros. Priorizamos la transparencia de procedimientos y nos volvimos más estrictos con respecto a la administración de fondos. Los informes de cada año serán elevados a los diputados”, concluyó el funcionario.

La reunión en el salón Ciudad de Montevideo fue presidida por el titular de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, Alejandro García (PRO), y contó con la presencia de sus pares Carmen Polledo -vicepresidente primera de la Legislatura-, Paula Villalba, Eduardo Santamarina, Lía Rueda, Francisco Quintana, Juan Pablo Arenaza, Daniel Presti (PRO), Juan Nosiglia, Marcelo Guouman (SUMA+), Paula Oliveto (CC), Claudio Heredia (BP) y Marcelo Depierro (MJ).