La Legislatura porteña sancionó de forma definitiva la ley por la cual se podrá demoler el edificio conocido como Elefante Blanco y en su lugar se construirá la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Además se autorizó una playa de estacionamiento al Hotel Alvear.

Los diputados porteños dieron su aval para levantar un nuevo edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el predio que actualmente ocupa la mole de cemento popularmente conocida como el “Elefante Blanco” en la ex Villa 15 o Ciudad Oculta de Lugano -Comuna 8, lindante con el barrio de Mataderos. El proyecto de este edificio data de 1923. Se había realizado una colecta pública para recaudar fondos con ese fin, además de un subsidio aprobado por el Congreso de la Nación por iniciativa del senador socialista Alfredo Palacios. La Liga Argentina contra la Tuberculosis instalaría allí el Instituto de la Tuberculosis. Las obras comenzaron en 1938 y se paralizaron a los pocos años.

La Legislatura sancionó la ley que pasó previamente por audiencia pública, después de su aprobación inicial. Se trata de un proyecto de la Jefatura de Gobierno, con despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano, que autoriza la apertura de una calle y dispone las nuevas zonificaciones catastrales correspondientes.

Votaron a favor 36 legisladores del PRO, CC, CP, BP, PSA y CNM; en contra lo hicieron 10 del FPV y se abstuvieron 9 diputados del interbloque Evolución.

Los terrenos están emplazados sobre la avenida Piedra Buena, casi en su intersección con avenida Eva Perón. El predio es una superficie de más de dos hectáreas en el lugar que históricamente estuvo destinado al Instituto de la Tuberculosis, obra proyectada en el año 1923, comenzada en 1938 y paralizada a los pocos años. Luego, el gobierno peronista (1946-55) planificó usar esa estructura edilicia para hacer el más grande hospital de niños, pero la obra también quedó trunca.

Con el paso del tiempo, la construcción fue ocupada por personas y familias indigentes y pasó a ser un asentamiento precario, con altos riesgos por la contaminación del lugar, el deterioro de los materiales, el hacinamiento y otras condiciones indignas de habitabilidad.

Los vecinos del lugar participarán en “mesas de trabajo” para estar al tanto de las obras de urbanización y mejoras de la Villa 15, así como los moradores que deban dejar el lugar que hoy habitan precariamente fueron censados y están recibiendo subsidios para acceder a soluciones habitacionales.

Se estableció que el terreno que engloba las dos parcelas afectadas será destinado hasta un 40 por ciento a edificación y el 60 por ciento restante será espacio libre de construcciones. De aquel 40% edificable, la mitad podrá alcanzar una altura máxima de 22 metros para el futuro ministerio y la superficie restante podrá alcanzar una altura máxima de 7 metros, para “equipamiento comunitario”.

La sede del nuevo ministerio tendrá planta baja y tres pisos, asentados sobre una base de terreno de 4.360 metros cuadrados y donde se prevé desarrollar 18.000 metros cuadrados de construcción y terrazas verdes que albergará a mil personas.

De lo no edificable, la cuarta parte se destinará a estacionamiento y el resto a espacio público cultural o recreativo y parquización, con al menos un tercio de “superficie verde absorbente”.

También se hará una vía pública, con características de calle de convivencia, entre la calle Hubac y la calle sin nombre oficial en deslinde de parcelas 1 y 2. Además, una calle interna de comunicación y acceso a estacionamiento.

Se mantendrá, aunque con mejoras edilicias, la comisaría, el CeSac y vacunatorio ya existentes (centros de atención primaria de la salud), así como se prevé también el funcionamiento de servicios públicos como bancos, correos, cuartel de bomberos oficinas de organismos o empresas prestatarias de servicios, jardín maternal, escuela primaria y escuela especial, centros culturales, deportivos y recreativos.

Durante la reciente audiencia pública, un defensor público del fuero Contencioso Administrativo, explicó que hasta julio último, según los censos realizados, vivían en el “Elefante Blanco” 163 familias compuestas por 575 personas. Esos números se han reducido a la fecha actual porque varios habitantes aceptaron subsidios del Gobierno de la Ciudad, desalojar voluntariamente el lugar y mudarse.

Tras la audiencia pública y en respuesta a los reclamos de los habitantes del lugar y organizaciones barriales, se agregó un nuevo artículo a la ley, cuyo texto dispone que “el proceso de obras y mejoras que se realicen en el barrio deberá exponerse y trabajarse en mesas participativas de las que formarán parte el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o el organismo que lleve a cabo dichas obras de urbanización”.

“Deberá convocar a los vecinos del barrio -se agrega- para que formen parte de las mesas participativas, explicando en detalle las tareas a realizar con sus correspondientes plazos de cumplimiento y documentando dicha participación vecinal en actos suscriptas por todos los asistentes a la mesa”.

Antes hicieron uso de la palabra Agustín Forchieri (PRO), miembro informante como presidente de la Comisión de Planamiento Urbano, María Rosa Muiños (BP), Javier Andrade (FPV), Maximiliano Sahonero (PRO), Laura Marrone (FIT) y Roy Cortina (PS).

Forchieri aseguró: “Desde su primera lectura hemos efectuado algunas modificaciones a pedido por varios diputados, entre las reformas que introdujimos agregamos que en las mesas de trabajo puedan participar los vecinos del barrio, para que reciban de parte de nuestros organismos la información necesaria acerca de las obras”.

En ese sentido Muiños agradeció “la inclusión de las mesas de trabajo, nosotros habíamos pedido una mesa de urbanización pero esto no ha sido posible” y consideró que “esta medida garantiza la participación de los vecinos en el proceso que ya están inmersos”.

Nosiglia, en cambio, afirmó: “Todos estamos de acuerdo con la necesidad de demoler el Elefante Blanco y que la Ciudad desarrolle una propuesta para esas tierras. Creemos que crear un edificio de 17 mil metros cuadrados es una decisión equivocada, creemos que se debería utilizar para la construcción de nuevas viviendas. Llevar burocracia a la Villa 15 no va a resolver los problemas de los vecinos. Es una oportunidad perdida”.

Andrade expresó: “Para nosotros la prioridad que tiene la Villa Oculta es que no tiene una ley de urbanización, hubiese sido bueno poder trabajar sobre eso”. Además denunció: “Las soluciones que se les dio a los vecinos rozan lo ilegal, les ofrecieron 180 mil pesos para solucionar su situación habitacional; con esa plata nadie puede resolver la situación de vivienda”.

En este sentido Marrone precisó que “existe una medida cautelar para que los vecinos no fuesen desalojados forzosamente, sin embargo eso debería haber estado plasmado en la normativa”.

Por su parte Sahonero agradeció “a los vecinos por cada una de las propuestas que acercaron a la Comisión de Planeamiento Urbano, las tomamos para poder ir mejorando estas leyes” y agregó: “Queremos llevarles vecinos la tranquilidad de que cada una de las acciones que estamos efectuando en el Elefante Blanco es que se van a llevar con la mayor transparencia”.

Finalmente Cortina aclaró: “Nos abstenemos porque no queremos estar en contra del traslado del Ministerio a una zona tan emblemática, pero se trata de una cuestión de prioridades. Se está empezando con una obra que no significa cambios radicales en las viviendas, nos parece una incorrecta priorización”.

Por otra parte se aprobó una ley que autoriza al Alvear Palace Hotel a realizar un emprendimiento privado de construcción y explotación de una playa de estacionamiento subterránea, utilizando la técnica constructiva “a cielo abierto”.

La norma fue propuesta por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y se aprobó con 31 votos positivos de legisladores del PRO y aliados y 21 votos negativos de la oposición.

La playa se va a realizar en el predio emplazado entre las calles Manuela Sáenz, Av. De los Italianos, Marta Lynch y Juana Manso, de Puerto Madero y será explotada por la firma Alvear Palace Hotel, Sociedad Anónima e Inmobiliaria, mediante el Sistema de Estacionamientos Vecinales (SEV) .

El constructor está obligado por la ley sancionada a trasplantar las especies arbóreas que puedan ser afectadas, como medida de remediación. Cuando no fuera posible hacerlo, el Gobierno de la Ciudad “determinará la compensación ambiental por la intervención sobre el arbolado, estableciendo la cantidad de unidades básicas compensatorias o sus equivalencias en árboles plantados y/o mantenidos”.