El proyecto es impulsado por la diputada Marina Kienast y consiste en un protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad cuenten con indicaciones claras a la hora de lidiar con un piquete en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de las constantes movilizaciones que afectan el quehacer diario de los ciudadanos, la legisladora porteña Marina Kienast presentó un proyecto de Ley para aplicar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del “Protocolo de Actuación ante Manifestaciones Públicas en el Territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“A pesar de que en la Ciudad tenemos un promedio de dos manifestaciones por día, hoy las fuerzas de seguridad no tienen un protocolo o una forma de proceder clara frente a los piquetes. Esto deja lugar a la improvisación y con ella al mal manejo de estas situaciones”, expresó Marina Kienast, impulsora de la medida, quien aclaró que “con este protocolo no queremos prohibir las manifestaciones públicas, que son un derecho legítimo, pero sí asegurarnos de que no impidan la libre circulación del resto de los ciudadanos”.

“Esta iniciativa se encolumna a las propuestas realizadas por nuestro candidato a jefe de Gobierno, Ricardo López Murphy”, manifestó la diputada liberal.

El proyecto, que fue acompañado por su compañero de bloque, y por legisladores que responden a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, contempla que se apliquen las sanciones establecidas por el código contravencional de la CABA el cual sanciona, entre otras cosas, la obstaculización a la vía pública, la vandalización de bienes, y si la manifestación deriva en el lucro de una actividad por parte de los participantes.

También se detalla que en caso de cometer las infracciones mencionadas, las organizaciones sociales serán sancionadas con el pago de una multa por el valor de entre 100 y 300 salarios mínimo vital y móvil (SMVM); en caso de destruir físicamente bienes públicos, la multa ascenderá a valores de entre 200 a 500 SMVM. Además, si los responsables se encontrarán identificados, deberán cumplir con trabajo comunitario enfocado en la limpieza, restauración y reparación de los bienes afectados. Por último, el proyecto habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas no letales en caso de ser necesario.

Es importante remarcar que el proyecto contempla que la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa, garantizando la protección de su integridad física. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.

Asimismo, los operativos serán filmados y fotografiados para que la Justicia disponga de material filmográfico en caso de ser requerido y para evaluar el desempeño del personal interviniente.