En una sesión maratónica, la Legislatura de la Ciudad logró la aprobación de dos proyectos claves para la Ciudad como son el Presupuesto 2025 y la modificación del Código Urbanístico. Sin embargo el Gobierno no logró la aprobación de “Ficha Limpia”. También se aprobó el Código Procesal para la Justicia del Trabajo.

En la última sesión del año, los legisladores de la Ciudad lograron la aprobación del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad, con 31 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones.

Esta Ley busca proteger la identidad de los barrios a través de la búsqueda de un equilibrio en la altura de los edificios construidos en cada manzana, y reversa los grandes desarrollos inmobiliarios para las avenidas que cuentan con la infraestructura de servicios adecuada. Además, busca fomentar el desarrollo de la zona sur.

Tras su aprobación en primera lectura, la realización de 15 reuniones con cada una de las comunas, una audiencia pública que duró 8 días para escuchar a cientos de vecinos inscriptos y varias reuniones de comisión donde participaron vecinos, asociaciones barriales e instituciones técnicas, el texto final del proyecto aprobado tuvo algunas modificaciones para enriquecer el dictamen. Entre ellas, se ajustó el APH32 Abasto, APH47 y barrio Los Andes. También se incorporó a Pompeya como Área de Desarrollo Prioritario, que se agrega a Constitución y Avellaneda que ya estaban en primera lectura.

Otro avance importante fue la aprobación del Código Procesal para la Justicia del Trabajo, acorde a los tiempos tecnológicos actuales, que prevé el uso de las distintas herramientas informáticas disponibles. Esto permitirá dar celeridad a la resolución de los procesos laborales, evitando dispendios que pudieran conspirar en contra de una justicia eficiente Incluye el uso de audiencias virtuales y la digitalización de pruebas y notificaciones.

“La Puesta en Funcionamiento del Fuero del trabajo” fue aprobada con 31 votos afirmativos, 25 negativos y 2 abstenciones, que promete agilizar y modernizar los trámites laborales en beneficio de trabajadores y empresas.  El nuevo sistema reducirá drásticamente los tiempos procesales. Por ejemplo, los casos que actualmente duran cuatro o cinco años podrían llegar a resolverse en la mitad del tiempo o menos. El mismo será de gran ayuda para los trabajadores accidentados o con enfermedades profesionales

El Club Atlético Platense celebró la concesión de uso, por un plazo de 20 años, del predio polideportivo ubicado en la esquina de las calles Manuela Pedraza y Crámer, donde se encontraba su antigua cancha, expropiada en 1971 durante el gobierno de facto de Lanusse. La ley estipula que no se podrá construir una cancha de fútbol profesional en el predio y que se mantendrán las actividades actuales, como natación, fútbol amateur y vóley. Este acuerdo reivindica el sentido de pertenencia y arraigo de los hinchas y fanáticos del club.

El presupuesto fue aprobado por 31 votos afirmativos, 28 negativos, y cero abstenciones. Asignando una inversión histórica al área de seguridad con el 16,5% del total proyectado. Esto permitirá adquirir nuevos patrulleros, pistolas Taser, Byrna y cámaras de videovigilancia, e incrementar la presencia policial en las calles. También se completarán obras en el centro penitenciario de Marcos Paz para resolver el problema de los presos en dependencias porteñas.

En el ámbito educativo, se destinará el 20,1% del presupuesto total, convirtiéndose en el área con mayor inversión y se contempla un aumento del gasto en obra pública, con un 19,3% del total. Entre lo previsto para 2025, se destinarán recursos a obras y remodelaciones en escuelas y hospitales, se implementará el plan Buenos Aires Aprende y avanzar con la modernización de los sistemas de aprendizaje. 

También está contemplado el Plan Integral de Movilidad Urbana, que se divide en la Red de Subterráneos; Micromovilidad; Transporte automotor; Movilidad Eléctrica; Construcción de Pasos Bajo Nivel, Obras viales y Ordenamiento del tránsito. Se van a renovar completamente los vagones de la línea B de subtes y renovar estaciones, poner en marcha el Trambus y una nueva línea de colectivos eléctricos en el Casco Histórico tras la transferencia de las 31 líneas a la Ciudad.

En materia de ABL, se trabajó una tabla con mayor y mejor nivel de desagregación, pasando de 7 a 10 escalas, generando un sistema más progresivo y equitativo, se reestructur´po la forma de cálculo del ABL y se incorporó un coeficiente geográfico para recomponer, gradualmente, la proporción de la tarifa en el costo del servicio. En 2025 el impuesto se actualizará de acuerdo al índice de inflación más un porcentaje determinado por la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el mismo: Comunas Zona I (Sur) 2%,  Comunas Zona II (Centro) 3% y Comunas Zona III (Norte) 4%, previendo bonificaciones según la valuación del inmueble para atenuar el impacto de esta actualización. Más jubilados y pensionados podrán pedir la exención del ABL

En cuanto a patentes, la nueva propuesta genera progresividad a partir del incremento de la valuación del vehículo, definiendo un monto mínimo en cada escala y una alícuota para el excedente. Y se logra una equidad impositiva para vehículos de similares valuaciones. Autos híbridos y eléctricos mantendrán la exención durante los primeros 24 meses y luego recibirán una reducción de entre el 60% y el 20% sobre el impuesto a pagar, hasta que en el sexto año de radicación deberán abonar la totalidad del impuesto correspondiente.

En la sesión presidida por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, se votó la continuidad de las autoridades a cargo de las vicepresidencias de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, se ratificó al legislador Matías López como vicepresidente primero, seguido por Matías Lammens y Graciela Ocaña, quienes continuarán como vicepresidentes segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, la diputada Cele Fierro presentó su renuncia al cargo, y en su lugar asumió Andrea D’Atri.

Con respecto a la extensión del Boleto Educativo, en una votación con 59 votos emitidos y 53 afirmativos, se aprobó la modificación de la Ley 5.656, que amplía el alcance del Boleto Educativo. Entre las principales modificaciones se destaca el alcance, ya que extiende el beneficio a estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo a los de formación profesional, educación superior y educación especial, en instituciones públicas o privadas con subsidio estatal del 100% siempre que sean de hogares considerados pobres, de clase media vulnerable, o clase media frágil. También incluye a acompañantes, padres, madres o tutores de menores de 12 años que podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (boleto subsidiado al 55%). El boleto podrá usarse durante los días hábiles del calendario académico, con un máximo de 96 viajes mensuales y hasta 4 viajes diarios. Las empresas de transporte deberán garantizar el seguro de los usuarios del boleto educativo.

Con 48 votos afirmativos y 7 negativos, fue aprobada la modificación a la Ley N° 269 de Deudores Alimentarios, ahora denominada "Registro Público de Alimentantes Morosos".

Este registro, creado hace 25 años como un modelo pionero, incorpora cambios significativos para fortalecer su impacto y mejorar la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores que dependen de esta obligación alimentaria.

Con las modificaciones, se establece que los alimentantes morosos no podrán ingresar a espectáculos deportivos ni eventos culturales masivos que requieran controles estatales; que el registro tendrá funciones de difusión y concientización sobre los derechos alimentarios; que se reducirá el plazo para registrar deudas: ahora será suficiente adeudar dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario; y que las instituciones deben informar al Registro sobre cambios laborales o contractuales de los alimentantes morosos, garantizando un seguimiento efectivo.  Esta reforma no solo actualiza un sistema, sino que también refuerza el compromiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, promoviendo un mensaje claro: los derechos de los hijos e hijas están por encima de cualquier otro interés personal o económico.

La Legislatura de la Ciudad aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas de Cromañón reconociendo que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta ahora conocidos como “tragedia” sean considerados "La Masacre de República de Cromañón". Además fija la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.

La ley establece la asistencia económica mensual vitalicia y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, e indica que “la asistencia económica se actualizará conforme al incremento salarial acordado mediante Acta de Negociación Colectiva del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de Planta Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”

La ley fue aprobada por 57 votos a favor, de distintos bloques parlamentarios, y un voto en contra.

Cerca de las 21 horas se aprobó, por unanimidad, la adhesión a la Ley nacional Nº 27.043 que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.

Previamente, también se aprobó el marco normativo para el abordaje y la promoción del bienestar socioemocional escolar en las instituciones educativas de la Ciudad, alcanzando todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la formación docente. El resultado de la votación fue 46 votos afirmativos, 2 negativos y 4 abstenciones

La propuesta de la ley conocida como "Ficha Limpia" no logró ser aprobada por 1 voto, Requería 40 votos afirmativos de los 60 integrantes de Cuerpo. Obtuvo 39 afirmativos, 21 votos negativos y ninguna abstención. Por la afirmativa votaron los bloques  Vamos por Más, UCR Evolución, Confianza Pública, Socialismo, Libertad Avanza y Frente Liberal Republicano. Por la negativa lo hicieron Unión por la Patria y Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El diputado Hernán Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien cerró la lista de oradores y defendiendo la aprobación del proyecto y destacó el movimiento ciudadano con 450 mil firmas que es de donde surgió este proyecto y afirmó: “Los hechos de corrupción son un atentado contra la democracia. Estamos estableciendo criterios jurídicos y morales para ser candidatos. Cuidar la democracia es poner límites.  En muchas provincias ya está funcionando”.

El proyecto impedía que personas condenadas por ciertos delitos pudieran postularse para cargos electivos en la Ciudad (Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a, diputados/as y miembros de Junta Comunal). Entre ellos se cuentan delitos contra la integridad sexual (violación, abuso, etc.) y contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc.), al igual que el fraude en perjuicio de la administración pública. La prohibición se hubiese aplicado desde una sentencia condenatoria en segunda instancia hasta que esta fuera revocada o se cumpliera la pena. Este proyecto, inspirado en experiencias internacionales en países como Brasil, México, España, Uruguay y Chile, ya cuenta con antecedentes de implementación en varias provincias argentinas.