La Legislatura aprobó una ley que habilita al Gobierno de la Ciudad a quedarse con el inmueble donde actualmente funciona su sede administrativa, en la calle Uspallata al 3100, en el barrio de Parque Patricios - Comuna 4. Ese flamante edificio está siendo alquilado actualmente al Banco Ciudad, que es su propietario.

La iniciativa autoriza la venta de dos inmuebles que el Ejecutivo tiene en la zona céntrica cuyo producido se utilizará para financiar la compra de la sede de Uspallata 3100 y el desarrollo de obras de la centralidad administrativa en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La compra del edificio gubernamental en uso será costeada con la venta de una propiedad que tiene el Gobierno de la Ciudad en la calle Esmeralda Nº 638/642, que fue declarada innecesaria para la gestión. En tanto, lo recaudado por la venta de otro inmueble propiedad del Ejecutivo, ubicado en Viamonte Nº 860/888/900, será destinado al mismo fin o al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras para la centralidad administrativa en el sur de la Ciudad.

“Atento las políticas de concentración de las dependencias gubernamentales al sur de la Ciudad, incluidas en el Plan de Relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que se estima conveniente la adquisición del edificio que actualmente es utilizado como sede central de la Administración, y que se encuentra bajo un contrato de locación celebrado con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de titular del bien. Por dicho motivo, se declara expresamente la exención en el Impuesto de Sellos y en el Impuesto a los Ingresos Brutos a favor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, aclaran los fundamentos del proyecto, que tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto.

La diferencia resultante entre el valor del bien cuya enajenación se dispone y el valor de inmueble que se adquiere será total o parcialmente afrontado mediante financiamiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto resultante será determinado en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). El mencionado financiamiento que autoriza la ley es por hasta U$S 50.000.000.

Miembro informante fue la diputada Paula Villalba (VJ) y finalmente la norma se aprobó con 43 votos positivos de Vamos Juntos, Unidad Ciudadana y el Partido Socialista y la oposición de los restantes 16 diputados presentes (BP, SUMA+, FIT, AyL, GEN y Mejor Ciudad).