Las comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Seguridad y Asuntos Constitucionales iniciaron la semana con un debate clave sobre la creación del Sistema Penitenciario porteño. El eje estuvo en el rol del personal y de la fuerza penitenciaria, con la participación de legisladores de distintos bloques.

Las comisiones de Justicia, a cargo de la legisladora Inés Parry; Legislación del Trabajo, conducida por Matías Barroetaveña; Seguridad, encabezada por Gimena Villafruela; y Asuntos Constitucionales, liderada por Hernán Reyes, se reunieron este lunes para continuar con el análisis de los proyectos destinados a la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires.

El eje del encuentro estuvo puesto en el personal y la fuerza penitenciaria, en el marco de los debates sobre la ejecución de la pena, la reducción de la reincidencia y la participación de las víctimas en distintas instancias procesales.

Funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad participaron de la reunión. El subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, fue el encargado de exponer ante los legisladores y debatir con los diputados los principales lineamientos comunes a los proyectos presentados, sobre los cuales se viene avanzando en la búsqueda de consensos.

En la reunión se destacó la necesidad de que la fuerza penitenciaria de la Ciudad tenga conducción civil y apego al marco legal, con una carrera de escalafón único —similar a la de la Policía de la Ciudad— que permita el ascenso desde el primer cargo hasta los niveles superiores, y con formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

También se avanzó en la creación de un cuerpo de agentes profesionales de reintegración social, que junto a los jueces de ejecución diseñarán un “plan de vida” con la participación de todos los ministerios del Gobierno de la Ciudad, destinado a personas privadas de libertad, tanto en contexto de encierro como en prisión domiciliaria.

Además, se debatieron condiciones laborales que aseguren estabilidad, igualdad de oportunidades, capacitación continua, ambientes de trabajo seguros y cobertura médica y de riesgos. También se discutió un régimen de licencias que contemple enfermedad, maternidad, matrimonio y exámenes; obligaciones éticas vinculadas al respeto de la jerarquía, la confidencialidad y la conducta profesional; y la creación de una comisión externa de control y supervisión. El debate continuará el miércoles.

Según explicaron los expertos, el objetivo general es consensuar un modelo que promueva un cambio cultural en las prácticas de encierro, priorizando la seguridad, la reinserción social y la protección de los derechos de las víctimas.