En la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires se firmó el dictamen favorable al proyecto que agrava las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal, como retención de la licencia y multas de unos 200.000 pesos, en un intento de frenar el avance de la empresa Uber.

Las comisiones de Justicia y Desarrollo Económico de la Legislatura porteña firmaron un dictamen en torno al proyecto que agrava las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal, como retención de la licencia y multas de unos 200.000 pesos, en un intento de frenar el avance de la empresa Uber.

La iniciativa fue girada al recinto de sesiones, donde se pondrá en debate el próximo 1 de noviembre, para modificar varios artículos del actual Código de Tránsito y Transporte.

El proyecto, que fue presentado por el bloque Vamos Juntos y acompañado por Unidad Ciudadana, estipula que los agentes viales podrán retener la licencia de manejo a quien "preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación, o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente”.

Y extiende la medida a los casos en que "el conductor de un servicio de transporte de pasajeros preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo".

La reforma contempla multas económicas para el "titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente".

Puntualmente, propone multas de hasta 10.000 unidades fijas -equivalentes hoy a montos que rondan los 200.000 pesos pues su valor depende del precio del medio litro de nafta de mayor octanaje- y la inhabilitación para conducir de cinco a diez días.

La iniciativa fue despachada durante una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Desarrollo Económico de la Legislatura, a la cual asistió un grupo de trabajadores nucleados en la Federación Nacional de Conductores de Taxis, para apoyar la propuesta.

José Ibarra, titular de la Federación, dijo que ven “con buenos ojos el proyecto para que sea una sanción ejemplificadora para quienes quieren llevar adelante la actividad de manera clandestina”.