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Periodista en AdnCiudad.com

La aprobación unánime en el Senado de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue un gesto histórico. Un sector abandonado, postergado y golpeado por años de desidia estatal logró finalmente una respuesta concreta desde el Congreso. Familias, organizaciones y prestadores celebraron lo que parecía un paso indispensable para frenar la emergencia: jubilaciones recortadas, medicamentos que no llegan, terapias suspendidas y un Estado que, desde hace meses, se esconde o directamente niega la existencia del problema.

Pero la amenaza no tardó en llegar. Javier Milei, el presidente que se define como libertario, advirtió que podría vetar la norma. Con esa declaración, no solo reveló un profundo desprecio por los derechos de las personas con discapacidad, sino también una peligrosa concepción del poder, donde la figura presidencial se impone por encima del consenso democrático.

Porque eso fue lo que ocurrió en el Senado: consenso. La ley fue aprobada por unanimidad, con 56 votos afirmativos y ninguno en contra. Un respaldo político transversal que no se ve todos los días, y que debería bastar para que cualquier presidente entienda que está ante una situación grave, urgente, humanitaria.

La división de poderes no es una concesión, ni una traba burocrática: es el corazón del sistema democrático. Si el Congreso —la voz de los representantes del pueblo— actúa frente a una emergencia, el Ejecutivo no puede actuar como si gobernara por decreto permanente. Amenazar con el veto es desconocer la gravedad del problema, pero también el lugar institucional que ocupa.

Lo más alarmante, sin embargo, no es solo el desprecio por las formas republicanas, sino por las personas. Las políticas de ajuste del gobierno nacional han tenido un impacto brutal en quienes más necesitan contención estatal. Prestadores sin cobrar, centros cerrados, familias desesperadas, medicación que no llega, pensiones demoradas o directamente suspendidas. La libertad que defiende Milei parece tener destinatarios selectivos: empresarios, exportadores, fondos de inversión. Para los sectores más vulnerables, solo hay recorte, maltrato y abandono.

La discapacidad no es un tema menor ni de nicho. Tampoco es ajeno a la mayoría. En cualquier momento, cualquier persona puede necesitar una pensión, una terapia, una ayuda técnica. El Estado no está para garantizar privilegios, sino para estar presente cuando la vida se vuelve cuesta arriba. Y en ese sentido, desfinanciar la política de discapacidad es una forma muy concreta de violencia.

La sociedad ya dio una respuesta. El Congreso también. Ahora le toca al Presidente decidir si va a estar a la altura de la emergencia o si va a pasar a la historia como el que usó su poder para castigar a quienes no tienen cómo defenderse.