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Periodista en AdnCiudad.com

Expulsar del país a extranjeros que delinquen aparece como una solución rápida frente al delito. Pero deja una pregunta incómoda: ¿Qué pasa con el castigo por el delito cometido?.

El planteo del jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca enviar un mensaje claro: Quien viene a cometer delitos no debería permanecer en el país. En términos políticos la idea tiene impacto inmediato y encuentra respaldo en una sociedad cansada de la inseguridad. Sin embargo, el problema aparece cuando se observa qué ocurre después de la detención.

En muchos casos la solución termina siendo la expulsión del país antes de que exista una condena firme. El delincuente se va, el expediente pierde sentido práctico y el delito queda sin una sentencia que establezca responsabilidades y penas.

El argumento oficial suele ser que la deportación impide que esa persona vuelva a ingresar a la Argentina. Pero la realidad muestra que esa barrera no siempre funciona. Las fronteras extensas y los controles desiguales permiten que algunos regresen de manera ilegal y vuelvan a delinquir.

Hace apenas algunos días se conoció el caso de ciudadanos chilenos detenidos por robos en departamentos en Buenos Aires, un episodio que volvió a poner el tema sobre la mesa. La respuesta inmediata fue avanzar con su expulsión, una medida que aparece como rápida y contundente, aunque deja abierta una pregunta incómoda: ¿qué pasa con el castigo por el delito cometido?

En ese mismo caso, la Policía comprobó que los detenidos tenían antecedentes por robo, violación de propiedad y desacato. Incluso dos de ellos habían ingresado al país de manera ilegal. El dato no es menor: muestra que el problema no siempre es un hecho aislado, sino la repetición de conductas delictivas que ya habían aparecido antes.

En otro episodio reciente, cinco ciudadanos chilenos fueron expulsados luego de ser detenidos por robo y encubrimiento agravado en el barrio de Balvanera. El operativo incluyó su traslado hasta el aeropuerto para enviarlos de regreso a su país. El procedimiento se presentó como un éxito de la política de seguridad.

Pero la discusión de fondo no debería ser expulsar o no expulsar. La pregunta es cuándo hacerlo. Porque si la única respuesta del sistema es detener a un delincuente y sacarlo del país, el mensaje que queda es que el delito no necesariamente tiene consecuencias penales.

La expulsión puede ser una herramienta válida para evitar que quien delinque vuelva a actuar en la Argentina. Sin embargo, difícilmente pueda reemplazar al sistema de justicia. Primero debería haber investigación, juicio y condena. Luego, eventualmente, la expulsión.

De lo contrario, el riesgo es que la política de seguridad termine transmitiendo la peor señal posible. Que el castigo no exista y que el problema simplemente se traslade a otro lado.

Y que, para algunos, la conclusión sea tan simple como preocupante: robar en la Argentina puede salir gratis.