Por Marta Varela

Senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires (PRO)

Desde que asumimos como Gobierno en 2015, pusimos en marcha un proceso para transparentar al Estado. Éste se inició a partir de investigaciones encaradas por diferentes organismos de control que dieron cuenta de un diagnóstico real de la “herencia del kirchnerismo”, punto de partida para comenzar a gobernar responsablemente. A partir de este análisis nos encontramos con informes exhaustivos de la Sindicatura General de la Nación en el que figuraban deudas millonarias, gastos inexplicables y estadísticas alteradas en distintas áreas del gobierno y múltiples denuncias presentadas por la Oficina Anticorrupción.

Nuestro proceso no terminó allí. Durante este año y medio de gestión seguimos profundizándolo hasta convertir la transparencia en un emblema de nuestro gobierno. Tuvimos y tenemos la convicción de que más control es más transparencia y que los organismos de control son imprescindibles en este desarrollo.

En esa línea como Senadora Nacional por la ciudad de Buenos Aires y en trabajo conjunto con el resto del Cuerpo, logramos aprobar el año pasado dos normas claves en el ámbito del Congreso Nacional: la media sanción en el Senado de la ley de publicidad oficial de mi autoría y la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública.

También, en relación al fortalecimiento de la transparencia y control por parte de esta gestión, quiero dedicar un párrafo aparte a un compromiso importantísimo, parte del cual me siento responsable directa como actual Presidente de la Comisión Bicameral de la defensoría del Pueblo: el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación.

Es una deuda pendiente que lleva ocho años dado que el organismo se encuentra acéfalo desde el 2009. En el ámbito de la comisión demostramos la voluntad política de su nombramiento iniciado acciones concretas en esa dirección. Recibimos la presentación de diferentes candidatos que, por el momento, son doce y actualmente estamos trabajando en el consenso necesario para lograr el apoyo de los dos tercios de ambas cámaras, imprescindibles para su designación.

Por último, paralelamente, estamos en pleno proceso de conformación del Comité Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

Después de cinco años de letargo, estamos poniendo en marcha otra de las obligaciones respecto a la puesta en funcionamiento de los organismos de control que tiene la comisión que presido. La constitución del Comité, pendiente desde 2012, responde no sólo a una obligación nacional establecida por ley, sino también, a un compromiso internacional; y, como órgano, tiene la obligación de controlar la tortura institucional, incluida la tortura en los establecimientos penitenciarios, un tema clave que necesita nuestra ocupación.

Estamos en una etapa nueva, estamos cambiando, es por eso que desde el Poder Legislativo y todos los ámbitos de la República seguiremos trabajando en pos de gestionar responsablemente y, al mismo tiempo, de ser controlados para no permitir que en el futuro se repitan errores del pasado. Falta mucho aún pero estamos haciendo lo que hay hacer.