Acusada de comercializar drogas en Constitución, una mujer trans de nacionalidad peruana fue expulsada del país por la Dirección Nacional de Migraciones. La delincuente fue condenada en 2023 y detenida nuevamente el lunes pasado. Jorge Macri aseguró: “La seguridad de los porteños es lo primero”.

La Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión del territorio argentino de una mujer trans de nacionalidad peruana, condenada en 2023 por comercialización de estupefacientes y detenida nuevamente el lunes pasado por reincidir en el mismo delito, tras un operativo de saturación en el barrio porteño de Constitución.

El caso se originó a raíz de un procedimiento de saturación llevado a cabo el lunes en dicha zona, donde personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona IV sorprendió a dos mujeres peruanas en plena vía pública realizando maniobras compatibles con el narcomenudeo. Al ser requisadas, se les secuestraron 38 envoltorios que contenían cocaína, con un pesaje total de 10,48 gramos, preparados para su comercialización.

“La seguridad de los porteños es lo primero. Ya lo dijimos y siempre lo cumplimos: extranjero que delinque, extranjero que expulsamos del país. Estamos siempre contra quienes vengan a cometer delitos y por eso los echamos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Tras la consulta con la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Malena Marcuriali, se dispuso la detención de ambas mujeres y el secuestro de la droga incautada. Una de ellas fue luego puesta en libertad, bajo la condición de no permanecer ni detenerse en la zona donde fue aprehendida, pudiendo únicamente transitarla.

En cuanto a la otra, una vez constatados sus antecedentes penales, se verificó que había sido condenada en octubre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 28 de la Ciudad de Buenos Aires a la pena de dos años y seis meses de prisión, por el delito de comercio de estupefacientes en calidad de partícipe necesario.

Frente a estos antecedentes, la Dirección Nacional de Migraciones fue notificada del fallo judicial y resolvió cancelar la residencia permanente que había sido otorgada a Paola Gabriela de la Rosa Soria en 2017, ordenando su inmediata expulsión del país. La medida, ejecutada en abril de este año, incluye también la prohibición de reingreso al territorio nacional y la colocación de una tobillera electrónica para su control hasta tanto se concrete su deportación.