El director Ejecutivo del instituto i-Ciudad, Santiago Battista, analizó los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad que difieren considerablemente de los dados a conocer por el Indec.

Santiago Battista, economista y director Ejecutivo de I-Ciudad se refirió a la situación socio económica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y la diferencia entre los datos difundidos por el Indec y los suministrados por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. A continuación transcribimos su análisis en exclusiva para adnciudad.com.

La actividad económica de la Ciudad ha experimentado un impacto considerablemente mayor en comparación con los indicadores a nivel nacional.

Esta situación puede observarse al comparar la dinámica relevada por el Indec con la proporcionada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad. En el segundo trimestre de este año la caída desestacionalizada del PBI a nivel nacional fue del 1,7% mientras que en la Ciudad fue del 2,4% (si no se la desestacionaliza alcanza el 7,5%, un valor pocas veces visto); mientras el acumulado nacional en la primera mitad del año llega a una caída del 3,4%, en la Ciudad este valor asciende al 6,8%, solo comparable a la recesión producida por la pandemia.

Esta diferencia se explica por la diferencia en la estructura productiva de la Ciudad con relación al país. La recesión, en términos de cuentas nacionales, puede parecer menor a lo percibido por los ciudadanos gracias al fuerte rebote del agro (crece 81% en el segundo semestre), la pesca (aumenta 41%) y explotación de minas y canteras (6,6% arriba). Ninguno de estos sectores está presente en la CABA. Por el contrario, en nuestra ciudad el agro más la explotación de minas y canteras apenas alcanza el 1,2% de lo que producimos.

En CABA las actividades que más traccionan la actividad son las más perjudicadas en esta nueva crisis: el comercio (representa el 18,4% del Valor Agregado Bruto porteño), servicios profesionales (17,7%), industria manufacturera (11,9%), intermediación financiera (11,5%), enseñanza, servicios sociales y de salud (8,3%), administración pública (7,7%) y la construcción (5,1%).

En el segundo trimestre del año el Indec relevó a nivel país una caída del 1,2% en servicios profesionales; 17,4% en la industria manufacturera; 9,8% en intermediación financiera; 15,7% en comercio; 4,5% en hoteles y restaurantes; y 22% en la construcción. A su vez, las estimaciones privadas de CAME en términos de consumo (Índice de Ventas Minoristas) muestran que en septiembre continúa la caída del 5,2% mensual interanual, acumulando un 15% en lo que va del año. De la misma manera, la actividad industrial relevada por esta cámara (Índice de Producción Industrial Pyme) mostró una caída en agosto del 8,7 por ciento. Mientras el Índice Construya de agosto también arrojó que no frena la caída en la construcción con una baja mensual del 4,3% y una acumulada interanual del 29,3 por ciento.

Las consecuencias de esta dinámica no quedan solamente en los reportes de consultoría o de organismos estatales, el impacto en la pobreza es la cristalización de la recesión. En el segundo trimestre se alcanzó el récord de pobreza desde que lo mide el organismo estadístico porteño. Por primera vez hay más personas en situación de vulnerabilidad que clase media o alta.

El fenómeno se explica por la recesión, pero también por la falta de políticas públicas nacionales o locales que amortigüen el impacto, dado que en el 2020 la caída de la actividad económica real en el primer semestre del año alcanzó el 10,6% (casi 4 puntos más que este año) y los porteños en situación de vulnerabilidad fueron menos.

Para tomar dimensión del drama actual, al comparar el segundo trimestre del 2024 con respecto al 2023, 70.000 nuevos hogares pasaron a estar en situación de pobreza, eso implica 159.000 personas más.

Las perspectivas de recuperación tampoco son buenas: el jefe de Gobierno mostró falencias para discutir con el gobierno nacional por recursos para los porteños, pero especialmente por las perspectivas del modelo económico nacional.

Si se analizan los drivers de crecimiento sobre los que se apalanca el Gobierno de Milei y el programa de Luis Caputo, no hay posibilidad de derrame sobre la Ciudad. Es mencionado frecuentemente que el crecimiento del país vendrá (si todo sale bien para el gobierno) de la mano de inversiones en sectores de recursos naturales extractivistas. Este paradigma quedó normativizado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el supuesto derrame a producirse en la Ciudad es ínfimo dadas las actividades que se “venden” para atraer inversiones no están presentes en nuestro distrito (litio, cobre, petróleo, gas e infraestructura para esos recursos naturales).

Con lo cual, incluso en el supuesto caso de éxito del “modelo Milei”, la ciudad no se vería beneficiada más que por un pequeño derrame en la actividad inmobiliaria producto del blanqueo, por ejemplo.

La motosierra contra la Ciudad

La recesión producto de la devaluación no es lo único que afecta directamente a la Ciudad dentro del modelo Milei. La motosierra aplicada en la política fiscal tiene un correlato directo en la vida de las personas vía tres canales, especialmente: jubilados, tarifas públicas y universidades.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las caídas del gasto acumulado a agosto del 20,8% en Jubilaciones y Pensiones; del 15,5% en Pensiones No Contributivas; y del 24,7% en las Prestaciones del INSSJP a nivel nacional, impactan especialmente porque la CABA es la jurisdicción más envejecida del país, según el Índice de Envejecimiento del Censo 2022 (personas de 65 años y más por cada 100 personas de 0 a 14 años).

La dinámica de la evolución de las jubilaciones en la Ciudad cobra una particularidad adicional cuando se analiza la composición de este segmento de la población: hay 324.423 beneficiarios de jubilaciones sin moratoria y 323.826 con moratoria, pero el haber medio de un jubilado sin moratoria más que triplica al que entró a través de esta facilidad previsional (la segunda distancia más grande del país luego de San Juan). Este fenómeno puede tener diversas causas: el alto nivel de formalidad histórico en las relaciones laborales en la Ciudad con respecto al resto del país, el alto nivel de ingreso per cápita, etc.

Esta característica de los ingresos de las personas mayores genera que los jubilados que perciben un haber mínimo estén –en términos relativos con otras provincias– muy perjudicados porque cobran lo mismo en cualquier parte del país, pero el costo de vida en CABA es particularmente alto. Por citar algunos ejemplos, mientras el haber mínimo más el bono aumentó entre noviembre del 2023 y agosto del 2024 un 137%, productos alimenticios básicos como la harina, la leche, el queso port salut, la manteca, el aceite y el té común aumentaron 182%, 213%, 216%, 217%, 154% y 213%, respectivamente en la CABA.

El siguiente ítem que contribuyó en gran medida para reducir el déficit fiscal –los subsidios económicos– impactaron de manera muy considerable en el AMBA en general y en la CABA en particular.

Por el lado del gasto público en transporte, el recorte fue del 35,6% en términos reales en el acumulado de los primeros 8 meses del año. Hay que tener en cuenta que en el AMBA se realizan casi 10 millones de viajes los días hábiles, por eso su impacto es tan importante en la vida de las personas. Según la AFISPOP del IIEP de la UBA, el aumento en la canasta de consumo de transporte que arman alcanza el 601% entre diciembre del 2023 y septiembre del 2024. Aunque quizás sea algo evidente, es importante destacar que este gasto es insustituible para las familias dado que no hay forma de reemplazar el transporte público para ir a trabajar o estudiar.

A su vez, en el caso de la energía, el recorte del gasto público en términos reales fue del 36,4% acumulado al mes de agosto y 73% del subsidio al agua. En consecuencia, tomando la canasta de los servicios públicos con estacionalidad y sin subsidios que arma AFISPOP (incluye energía eléctrica, agua, transporte y gas natural), en septiembre un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $141.534 al mes, un aumento respecto a diciembre del 2023 del 370%.

Continuando con los recortes nacionales, el ajuste del 30,1% en términos reales a las universidades, con la consecuente caída del 23,7% de los salarios docentes universitarios y el ajuste el 65,1% del gasto en Becas Progresar, afecta enormemente a los porteños debido a que el 41,6% de la población mayor de 25 fue o es alumno de un establecimiento universitario superior. Existen en el AMBA 42 universidades a disposición de los porteños, entre públicas y privadas que, aunque no haya subsidios directos para estas últimas, el aumento de las tarifas, el transporte y el consecuente aumento muy acelerado de las cuotas (en conjunto el resto de los aumentos de la vida cotidiana) también dificultan las posibilidades de finalizar los estudios de grado y desincentivan a los ingresantes.

Además, en los últimos días, el gobierno de Milei, mediante su nuevo ministro de salud Mario Lugones, avanzaron en el traspaso a la Ciudad o cierre (aún no está claro) del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, una referencia en la atención a problemas de salud mental y consumos problemáticos. Es llamativo que se llegue a este nivel de conflicto dada la baja cantidad de recursos que destina el gobierno nacional para la atención en esta institución y, además, que en el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado en el Congreso Nacional por el propio Presidente, se le asigna una partida de $20 mil millones. Es decir, sí previeron que siguiera funcionando en manos del estado nacional, a contramano de lo anunciado por el vocero Manuel Adorni.

De la misma manera, está en jaque el Hospital Garrahan, un enclave fundamental para los porteños dado que atiende más de 660.000 consultas al año, realiza más de 10.000 cirugías y más de 100 trasplantes. En este caso, sería muy difícil que el gobierno porteño se hiciera cargo de su gestión por completo.

Presupuesto porteño en crisis

El aumento de las demandas de los porteños debido a los efectos de la crisis económica generada por el gobierno de Milei, sumado a las decisiones de política económica contra la Ciudad de Buenos Aires descriptas anteriormente, generan una presión adicional sobre una gestión porteña que aún no arrancó debido a los problemas internos y el desplazamiento de una importante parte de los funcionarios que llevaban adelante la gestión, por lo menos los últimos años.

A esto se le suma la escasez de los recursos a los que se enfrenta el Gobierno de la Ciudad, fundamentalmente por tres motivos: la recesión que afecta de manera negativa la recaudación, la eliminación de los Pases del BCRA y la indefinición del problema de la Coparticipación Federal y la Ley 27.606.

El primer problema también afecta al gobierno nacional que ve mermar su recaudación acumulada en los 8 primeros meses del año en áreas ligadas a la economía real: IVA (-9,2%), Impuesto al Cheque (-7,6%) y Seguridad Social (-15,3%). En la Ciudad el fenómeno es similar, pero está agravado por el segundo aspecto que se menciona anteriormente: el gravamen que pesaba sobre los Pases del BCRA, desarmados en los primeros meses del año producto de la política monetaria actual. Esta particularidad fiscal fue introducida en el conflicto entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández por la Coparticipación, lo que le permitió a la Ciudad –en conjunto con el gravamen sobre los consumos hechos con tarjeta de crédito– mantener el nivel de recursos fiscales. Esta nueva base imponible porteña no tenía perjuicios visibles en los contribuyentes y le permitía a la Ciudad recaudar mensualmente una importante suma de recursos.

No obstante, a partir de la estrategia de Caputo y Santiago Bausili de eliminar los Pases del BCRA y pasar ese pasivo monetario a una deuda del Tesoro Nacional, la recaudación por ese concepto se cortó, provocando, en conjunto con la recesión, caídas reales de los recursos tributarios de la Ciudad del 15% en abril, 13% en mayo, 19% en junio, 27% en julio y 20% en agosto. A la “doble Nelson” de recesión y Pases se le suma la caída en términos reales de la Coparticipación Federal transferida a la Ciudad como consecuencia de la caída de la actividad, ya que el Régimen se compone principalmente por el IVA, Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Impuesto a los débitos y Créditos e impuestos internos, entre otros, en general muy ligados a la economía real.

Por último, la disputa iniciada en el 2020 por el coeficiente de Coparticipación Federal que se destina a la CABA aún está lejos de estar saldada. A la vez que se suspendió la Ley 27.606 por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno Nacional asignó $450 mil millones de transferencia a la Ciudad en concepto de dicha norma y ya fueron girados $189 mil millones en lo que va del año, un monto mucho más bajo de lo reclamado por el gobierno porteño. No obstante, según declaración en medios, pero sin ningún documento que lo certifique, habría un acuerdo para que se transfiera semanalmente el 2,95% adicional de Coparticipación, de acuerdo a la cautelar de la Corte Suprema en este conflicto. Se desconoce si este acuerdo efectivamente se está cumpliendo y, además, si es posible considerarlo Coparticipación Federal dado que el régimen establece que la transferencia de lo recaudado por los impuestos alcanzados debe ser automática y diaria a las provincias al momento de su recaudación y no por orden del ministro de Economía.

Mientras todo esto sucede, en la Ciudad los conflictos parecen girar únicamente en torno a Pampita, los piquetes y qué nuevo destino visitará el jefe de Gobierno representando a los porteños.

*Santiago Battista es Economista y Director Ejecutivo de I-Ciudad