Para Pinedo “es un camino razonable”
23 Enero 2019
El senador porteño Federico Pinedo aseguró que con el Decreto de Necesidad y Urgencia “el Presidente encontró un camino razonable entre los proyectos del Senado y Diputados”, dado que las iniciativas tratadas en el Congreso “no convencían a nadie”.
Luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri para implementar la extinción de dominio, el senador por la Ciudad Federico Pinedo sostuvo que Macri “encontró un camino razonable entre los proyectos del Senado y de Diputados que no convencían a nadie”.
Para Pinedo el decreto “es completamente equilibrado y no dice que a cualquier persona se le puede sacar un bien por la sospecha de un fiscal” sino cuando “un juez penal esté investigando y determine que ese bien está vinculado a la causa” y dicte una medida cautelar para ahí sí, “recién poder realizar la extinción de dominio”.
Además señaló: “El DNU no es inconstitucional. Lo que depende de la constitucionalidad es si hay una emergencia o no. Comprendo que la oposición diga, ante cualquier DNU, que no hay emergencia y que por eso sería inconstitucional. Esto se discutirá en la Bicameral de Trámite Legislativo.
Entrevistado por radio Mitre, el presidente provisional del Senado recordó que la Cámara de Diputados “aprobó un proyecto que era demasiado laxo, peligroso, y poco respetuoso de las garantías constitucionales: bastaba que un fiscal sospechara de una persona y un bien para que el Estado pudiera ir a sacárselo”.
Mientras que en la Cámara alta hubo “una discusión muy intensa que duró dos años, invitando a hablar a todos los expertos del mundo, donde fue duramente criticado el proyecto de Diputados. Entonces el Senado intentó hacer una cosa diferente. Llegamos a un acuerdo en el primer año, y en el segundo nos pusimos en desacuerdo”.
“El peronismo, acompañado por el kirchnerismo y otros bloques, votó un proyecto demasiado restrictivo que decía que la extinción de dominio solamente se producía cuando quedaba firme la condena penal. Y en materia de delitos de corrupción son 14 años promedio lo que dura una investigación en Argentina”, señaló.