La diputada nacional Graciela Ocaña aseguró, durante la sesión en el Congreso, que "bajo la ley se esconden suspensión de movilidad jubilatoria y aumento de impuestos". También afirmó: “No vaya a ser cosa que en lugar de generar políticas de salud se genere un enorme negocio para los laboratorios".

La diputada nacional Graciela Ocaña señaló durante la sesión que "bajo el título de 'ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva' se esconden una suspensión de la cláusula de movilidad de las jubilaciones y un aumento sustancial de impuestos para los sectores productivos del campo y la clase media".

Asimismo, advirtió que en el proyecto de ley llama la atención "la autorización de compra de medicamentos y vacunas por encima de las normativas legales en contra de la transparencia" y agregó que "nos preocupa la emergencia, porque no vaya a ser cosa que en lugar de generar políticas de salud se genere un enorme negocio para los laboratorios".

Ocaña sostuvo además que "nos preocupa que la cobertura de medicamentos para jubilados de PAMI sea solo para los que ganan la mínima; sugeriría al Presidente que ponga nuevamente en funcionamiento la Resolución 337, o que al menos no derogue la resolución que cubre medicamentos gratuitos para quienes cobren una jubilación mínima y media, es decir 21.100 pesos porque según lo que explicó ayer el Ministro en su informe, es considerado una población privilegiada por ingresos".

En cuanto al aspecto previsional del proyecto, la diputada nacional subrayó que "es imposible votar esta ley porque claramente suspenden la movilidad jubilatoria, no lo hacen para beneficiarlos, porque el régimen actual de movilidad jubilatoria claramente los beneficia".

"De aplicarse la norma actual implicaría un aumento del 52 por ciento a diciembre de 2020. Aun con los bonos de enero y diciembre, la suma sería sumamente menor", indicó.

Ocaña dijo además que "me preocupa una visión de que los que ganan más de 19.068 pesos, son pudientes. Esta visión de la seguridad social generó la judicialización del sistema colapsando los Tribunales y lo que hubo fueron miles de personas que con sentencia firme murieron antes de poder recibir lo que le correspondía, más de 70 mil personas murieron esperando".

"Esta reforma es inconstitucional porque se violan derechos adquiridos basados en los principios de proporcionalidad, irrenunciabilidad, universalidad, solidaridad, progresividad e integralidad. No queremos que aquellos que han construido a la patria, que han aportado por 30 o 40 años, sean considerados privilegiados y se los prive de sus derechos", finalizó.