Patentazo 2026: Más recaudación, misma regresividad

El aumento del impuesto a las patentes en la Ciudad, con subas que superan la inflación, vuelve a mostrar las tensiones de una política fiscal que promete progresividad pero la aplica de forma abrupta, con cambios técnicos que impactan fuerte en un grupo reducido y altamente visible de contribuyentes.

El Impuesto a las Patentes es uno de los tributos patrimoniales más relevantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto por su peso en la recaudación como por tratarse de una de las principales facultades impositivas locales dentro del esquema de federalismo fiscal. Junto con el ABL y el impuesto inmobiliario, integra el reducido grupo de impuestos patrimoniales disponibles para la Ciudad.

Según el informe del Instituto de Políticas Públicas para la Nación, la estructura tributaria porteña mantiene un sesgo marcadamente regresivo. Para 2026, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representará aproximadamente el 78% de los recursos tributarios propios, mientras que las patentes aportarán solo el 4,7% y el ABL/Inmobiliario el 8,7%. Esta composición se sostiene desde hace décadas, sin reformas estructurales significativas, más allá de los intentos fallidos de los Consensos Fiscales de 2017 y 2018.

En este contexto, el impuesto a las patentes volvió a generar controversia de cara a 2026. Contribuyentes reportaron aumentos muy superiores a la inflación pasada y esperada, en algunos casos por encima del 100%, pese a que el discurso oficial había anticipado incrementos alineados con la evolución general de los precios.
El tributo grava el patrimonio de quienes poseen automotores radicados en la Ciudad y tiene carácter impositivo, no de tasa. Su recaudación no se destina únicamente al mantenimiento vial, sino también al financiamiento de políticas públicas, entre ellas el Fondo del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo (Fondo SUBTE). Sin embargo, el informe señala que dicho fondo resulta insuficiente: en enero, el Ministerio de Transporte e Infraestructura transfirió alrededor de $1.350 millones solo para el pago de salarios, sin cubrir necesidades de expansión ni mantenimiento estructural.

El impuesto se compone de una base imponible y una alícuota progresiva. A mayor valuación fiscal del vehículo, mayor es el porcentaje aplicado. Para 2026, las escalas quedaron fijadas en la Ley Impositiva, aunque el pasaje entre escalas genera saltos abruptos en el monto a pagar. El informe ejemplifica que un vehículo cuya valuación pasa de $7.000.000 a $8.500.000 —un incremento del 21%— puede enfrentar una suba del impuesto superior al 100% por cambio de escala.

Durante 2025, la AGIP modificó la fuente utilizada para determinar la base imponible: dejó de emplear los valores de la DNRPAyCP y pasó a utilizar los provistos por ACARA. Esta facultad surge del artículo 446 del Código Fiscal, que autoriza a la AGIP a fijar anualmente las valuaciones considerando valores de mercado. Para 2026, se publicó una nueva tabla de valuaciones fiscales basada en ese criterio, a diferencia de 2025, cuando se mantuvieron los valores anteriores por resolución específica.

El informe advierte que la determinación de bases imponibles a partir de información provista por una asociación privada introduce una discusión adicional, dada la relevancia que estas valuaciones tienen tanto para los contribuyentes como para las finanzas públicas.

El Poder Ejecutivo había anticipado este esquema al enviar a la Legislatura los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, argumentando que buscaba corregir valuaciones históricamente subestimadas y que el impacto recaería sobre un segmento acotado. Según datos oficiales, el padrón alcanza 1.058.310 vehículos: el 16% pagaría menos, el 68% mantendría un monto similar al de 2025 y el 16% restante registraría aumentos.

Mientras se redactaba el informe, el Ejecutivo anunció el envío de un proyecto de ley para impedir que el aumento del impuesto a las patentes en 2026 supere la inflación. La iniciativa introduce una contradicción con el objetivo original del cambio de base imponible, que buscaba acercar las valuaciones fiscales a los valores de mercado. A comienzos de febrero, los detalles del proyecto, su tratamiento legislativo y el impacto final sobre los contribuyentes aún permanecen abiertos.